Exministra cuestionó con dureza el funcionamiento de la obra social provincial

La exministra de Salud de Entre Ríos Sonia Velázquez formuló duras críticas al funcionamiento actual de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y atribuyó el deterioro del sistema a decisiones adoptadas por el gobierno provincial tras la intervención del organismo. Advirtió sobre una fuerte reducción de coberturas, dificultades crecientes para los afiliados y una ausencia de políticas públicas activas frente a la crisis económica.

Velázquez sostuvo que la situación de la obra social “ha empeorado de manera sensible” y afirmó que la cobertura de prestaciones se redujo del 80 al 40 por ciento. Señaló además problemas persistentes en la provisión de medicamentos crónicos y cuestionó los nuevos mecanismos administrativos que obligan a los afiliados a realizar trámites mensuales presenciales para acceder a tratamientos que antes se autorizaban por períodos más extensos.

En su análisis, la exfuncionaria consideró que la intervención de la OSER no abordó el núcleo del problema y evitó discutir la crisis estructural de la seguridad social. En ese sentido, enumeró factores como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, el impacto de los avances tecnológicos en los costos sanitarios y la fuerte suba de precios de los medicamentos registrada desde fines de 2023.

Velázquez también cuestionó el funcionamiento general del sistema de salud provincial y advirtió sobre la falta de previsibilidad en el suministro de insumos esenciales. Mencionó, entre otros ejemplos, demoras y dificultades en programas históricos de asistencia nutricional y planteó que directores de hospitales manifiestan escasa respuesta a sus reclamos operativos.

En relación con la gestión sanitaria, remarcó que el área requiere una dedicación permanente y una conducción activa. Sostuvo que, en contextos de crisis, el Estado debe asumir un rol protagónico para acompañar procesos, garantizar derechos y reducir la incertidumbre de la población.

Finalmente, alertó sobre el impacto social de las deficiencias en la obra social y señaló que la falta de interlocutores claros genera angustia entre los afiliados, muchos de los cuales recurren a acciones judiciales para acceder a prestaciones básicas. Afirmó que la respuesta estatal debe orientarse a fortalecer la gestión y asegurar un sistema eficiente, con presencia activa y capacidad de resolución.