El Gobierno logró que se aprobara el Presupuesto 2026, pero no pudo derogar las leyes de Universidades y Discapacidad

En una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, pero sufrió un revés al no poder sostener el polémico artículo 75 que buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido a último momento por el oficialismo. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

También se cayeron del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como quería el Gobierno.

La Libertad Avanza consiguió el quórum y buscó blindar el debate proponiendo una votación "por capítulos" para agilizar el trámite, pero se topó de frente con una muralla opositora: desde el radicalismo hasta la izquierda y el peronismo le exigieron votar "artículo por artículo", una maniobra diseñada para exponer cada recorte y obligar a los aliados del Gobierno a dejar sus huellas en los ajustes más sensibles.

El clima se caldeó al instante con artillería pesada disparada desde la izquierda. Myriam Bregman no se guardó nada y denunció "extorsión con ATN" y "compra de votos" por parte de la Casa Rosada para disciplinar a las provincias. El reclamo por la votación nominal no fue técnico, sino político: la oposición buscó que quienes levanten la mano para desfinanciar universidades o áreas de discapacidad deban "dar la cara" individualmente, convirtiendo la sesión en un campo minado donde cada artículo aprobado tendrá un costo político con nombre y apellido.

Dentro de los alineados con los gobernadores, los apoyos a La Libertad Avanza del proyecto general llegaron desde Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones. Las oposiciones fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal (integrada por Nicolás Massot y Miguel Pichetto). Una particularidad se vio en el bloque de exlibertarios País Federal, en donde sus dos miembros votaron distinto: Marcela Pagano se opuso, mientras que Claudio Álvarez apoyo el Presupuesto 2026 oficialista.

Antes de la votación en general y pasada la medianoche, "Bertie" Benegas Lynch (La Libertad Avanza) anunció dos reformas: una que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la ciudad Autónoma de Buenos Aires (como parte del acuerdo de Nación con el PRO), en simultáneo a la inclusión de un fondo especial de $21.347 millones a la "Jurisdicción 5 del Poder Judicial". Ambas modificaciones fueron introducidas en el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido porque incluye el artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Aún así, a la hora de la votación de ese capítulo (que además removía la movilidad de asignaciones familiares y reducía las regiones alcanzadas por el régimen de zona fría) distintos aliados provinciales modificaron su postura: la neuquina Maureira, el salteño Bernardo Biella, el correntino Diógenes González, el mencionado puntano Claudio Álvarez y los peronismos tucumanos y catamarqueños se posicionaron igual que Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas (que se abstuvo hasta la última definición, en donde su postura fue fundamental), para superar por 123 votos a 117 al entramado libertario. También se registraron 2 abstenciones del radicalismo (los chaqueños Cipolini y Agüero) y dos ausencias del MID.

A la madrugada alcanzó media sanción (130 votos a favor y 107 en contra) otras de las propuestas del oficialismo. Se trata de la modificación del Régimen Penal Tributario, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones y priorizando la intervención penal en casos de mayores sumas. La iniciativa, que lleva el nombre de Presunción de Inocencia Fiscal, también garantiza una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias en el que el organismo auditor presupone lícitos los activos patrimoniales.

Definieron representantes de la Auditoría General de la Nación

Luego de esa aprobación, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso la votación de la designación de los tres auditores generales de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (representante de las provincias). La iniciativa provocó la ofuscación de Cristian Ritondo (PRO), que señaló que ese tema no corresponde a extraordinarias: "Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara".

En ese momento, los miembros de Provincias Unidas definieron salir del recinto. Fueron seguidos por el PRO, la UCR y el Frente de Izquierda; quedaron provincialistas, peronistas y libertarios. Hasta ese momento cruzados, coincidieron en la aprobación a mano alzada de los representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación. Pasadas las 3 de la madrugada, juraron en la misma sesión.

Recaían dudas sobre la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de prisión para funcionarios que dicten o ejecuten "normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento". Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. Finalmente, la sesión se cayó por falta de quorum y el tema no tuvo tratamiento.

Otro momento llamativo de la sesión ocurrió cuando tomó la palabra el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) que destacó obras en rutas nacionales y autopistas de su provincia, aunque se equivocó de dictamen: leyó el proyecto peronista. “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, explicó Germán Martínez.

Presupuesto 2026: los puntos más importantes

Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.

Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, "con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales". El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.

El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.

Entre los proyectos más criticados por la oposición se encontraba el artículo 69, que reducen los territorios geográficos alcanzados por el Régimen de Zona Fría; y el artículo 70, que derogaba tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares eliminando la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones sujetadas a la movilidad previsional, pasando a depender de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Además, en su artículo 75, eliminaba dos leyes sancionadas este año que fueron insistidas por dos tercios del Congreso: la de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones, que "resultará insuficiente", según un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, los aumentos iban a ser determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS.

En el artículo 30, se derogan también las disposiciones legales para el aumento paulatino de inversión en Educación Técnico Profesional, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Educación Nacional y el Fondo Nacional de la Defensa. También se establece el congelamiento del bono de $70.000 para jubilados, dispuesto en el 2023, aunque se establece un incremento real del 5,7% en jubilaciones.

(Con información de Perfil y Ámbito)