Nueva licitación de la Hidrovía: auditoría de la ONU y tope tarifario

El Gobierno nacional avanza con la nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Con el objetivo de adjudicar el contrato durante el primer semestre de 2026, los nuevos pliegos se publicarán entre octubre y noviembre. Esta vez, todo el proceso estará auditado por la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, en un intento de blindar el proceso frente a sospechas y operaciones.

La vía navegable, de más de 1.200 kilómetros entre Confluencia y el Atlántico, concentra el 80% de las exportaciones de granos, aceites y harinas del país, por un valor estimado de u$s28.000 millones anuales. Por eso, el rediseño apunta a maximizar eficiencia y reducir costos para el sector agroexportador.

“Queremos pasar el contrato al sector privado a riesgo empresario y bajar el costo logístico a los productores”, señalaron fuentes oficiales. A diferencia del proceso frustrado anterior —anulado por denuncias de opacidad—, el nuevo esquema suma mesas participativas que ya se desarrollaron en CABA, Santa Fe y Rosario, y seguirán en Paraná y el nordeste en julio. Aportan técnicos, provincias, cámaras, puertos, exportadores y universidades.

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Uno de los ejes técnicos en discusión es el ensanchamiento de canales y zonas de sobrepaso. “Ya no hablamos en abstracto: se trata kilómetro por kilómetro”, explicaron. Se incorporan propuestas específicas, como las que presentó la Cámara de Prácticos, para corregir puntos críticos por sedimentación.

El nuevo pliego excluirá a empresas estatales extranjeras, lo que bloquea el ingreso de dragadoras chinas. “No es contra nadie, pero un Estado extranjero no puede controlar nuestra vía navegable”, afirmaron, apelando a argumentos de soberanía.

Además, la concesión será completamente privada: dragado, cobro de peaje y control estarán en manos empresarias, aunque bajo fiscalización estatal activa a través de una “mesa de inspección” con usuarios, prefectura y provincias. “El que más sabe del río no está en una oficina, está arriba de una barcaza”, remarcaron.

La duración de la concesión se reducirá de 30 a 20 años. Es el mínimo requerido para amortizar dragas nuevas sin desalentar competencia. Y se establecerá un tope tarifario: el nuevo peaje no podrá superar el valor actual. “La competencia será a la baja, y si se mejora el tiempo de navegación, el ahorro será doble”, señalaron.

Un punto aún sin resolución es la deuda de u$s78 millones con la empresa Jan de Nul, que actualmente paga la AGP. Se busca una solución que no favorezca ni excluya a ningún oferente.

El cronograma establece que tras las mesas de julio y agosto habrá audiencia pública. Luego, con los pliegos publicados, las empresas tendrán entre 60 y 90 días para presentar ofertas. Se espera la participación de entre cuatro y cinco dragadoras internacionales, algunas en alianza con firmas locales.

El Gobierno insiste en que la etapa actual es clave para discutir todo. “Después no hay sorpresas: lo que se tenga que decir, que se diga ahora”, recalcaron. Las versiones taquigráficas de las mesas se publican en línea. “Queremos que la gente de buena fe vea que el proceso fue abierto, documentado y transparente”, subrayaron.

Con estas condiciones, la administración busca relanzar una obra estratégica, blindarla de conflictos y asegurar que la próxima licitación se defina por competitividad técnica y económica, sin margen para objeciones tardías.