El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno para validar la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión retrasa la definición sobre la constitucionalidad de la norma y expone la falta de consenso político y jurídico en torno a la reforma.
Jueves, 7 de Mayo de 2026,
17:58
Redacción EL ARGENTINO
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de “per saltum” solicitado por el Gobierno nacional para intervenir de manera directa en el análisis de validez de la reforma laboral. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, implica que el expediente deberá continuar su curso en las instancias judiciales inferiores.
Un revés que desnuda la fragilidad de la estrategia oficial
El intento del Ejecutivo de acelerar la validación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral encontró un freno en la Corte Suprema. El recurso de “per saltum”, presentado por la Procuración del Tesoro el 16 de abril, buscaba que el máximo tribunal interviniera de inmediato, salteando las instancias previas. Sin embargo, los jueces consideraron que no se verificaban las condiciones de “notoria gravedad institucional” previstas en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial.
La decisión deja en evidencia la fragilidad de la estrategia oficial: el Gobierno pretendía obtener un respaldo jurídico definitivo que despejara las dudas sobre la constitucionalidad de la reforma, pero el rechazo mantiene abierta la disputa judicial y política. El conflicto se originó en una medida cautelar impulsada por la CGT, que suspendió más de 80 artículos de la norma. Aunque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo restituyó su vigencia, la falta de un pronunciamiento de la Corte prolonga la incertidumbre.
El fallo también expone la ausencia de consenso político y social en torno a la reforma laboral. La insistencia del Ejecutivo en recurrir al “per saltum” refleja la urgencia por consolidar un marco normativo que ha sido cuestionado por sindicatos y especialistas en derecho laboral. La negativa de la Corte, en cambio, reafirma la necesidad de que el debate se resuelva en las instancias correspondientes, con mayor transparencia y participación.
Desde una mirada crítica, el rechazo del recurso puede interpretarse como un llamado de atención al Gobierno: la reforma laboral, presentada como un eje central de la política económica, carece de la solidez institucional necesaria para imponerse sin discusión. La estrategia de acelerar tiempos judiciales se tradujo en un revés que debilita la posición oficial y fortalece a los sectores que cuestionan la norma.
En definitiva, la Corte Suprema no cerró la puerta al análisis de la reforma, pero sí dejó claro que el camino debe transitarse respetando las instancias previas. Para el Gobierno, esto significa más tiempo de incertidumbre y la obligación de sostener una ley cuya legitimidad aún está en disputa. Para los trabajadores y sindicatos, representa una oportunidad de seguir planteando sus objeciones y de mantener viva la discusión sobre el alcance real de la modernización laboral.
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