Provincia y municipios avanzan en la unificación de criterios para simplificar habilitaciones y categorizaciones, con impacto directo en la calidad de los servicios y el acceso a derechos en Entre Ríos.
Redacción EL ARGENTINO
En un hecho inédito de articulación interjurisdiccional, la Provincia y varios gobiernos locales pusieron en marcha un proceso para agilizar los trámites que deben realizar las instituciones que brindan atención y rehabilitación a personas con discapacidad. El objetivo es reducir tiempos, evitar duplicaciones y facilitar el recorrido administrativo desde la habilitación municipal hasta la categorización provincial.
La iniciativa se materializó a través de un taller de trabajo conjunto impulsado por la Junta de Evaluadores de Servicios del Instituto Provincial de la Discapacidad (Iprodi), con la participación del área de Gobiernos Locales y de las dependencias de habilitación comercial de los municipios de Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná y Urdinarrain.
Durante el encuentro se avanzó en la unificación de criterios entre los procedimientos que se aplican en el ámbito municipal y los requerimientos provinciales. La meta es ordenar y simplificar los pasos que deben cumplir las entidades prestadoras, muchas de las cuales enfrentan demoras y exigencias superpuestas que dificultan su funcionamiento regular.
Desde el Iprodi se destacó que la coordinación entre los distintos niveles del Estado resulta clave para acompañar a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad y garantizar el acceso efectivo a derechos. La puesta en común de normativas, controles y exigencias técnicas busca construir un circuito más claro, previsible y eficiente para quienes brindan estos servicios esenciales.
El gobierno provincial remarcó que este tipo de instancias de trabajo conjunto fortalecen la gestión pública y promueven una administración más cercana a las necesidades reales del territorio. En ese sentido, la simplificación administrativa no sólo beneficia a las instituciones, sino que impacta de manera directa en la calidad de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad y sus familias.
La experiencia abre la puerta a replicar el esquema de coordinación con otros municipios y a consolidar una política pública que priorice la inclusión, la eficiencia del Estado y el acompañamiento a quienes sostienen diariamente servicios fundamentales en toda la provincia.