A raíz de un requerimiento del fiscal Federal, Pedro Rebollo, el juez Federal, Hernán Viri, convocó a una audiencia para el próximo viernes 13 de febrero. Participará la Corporación del Desarrollo, Municipalidad y empresarios dueños de fábricas instaladas en el Parque industrial de Gualeguaychú.
Redacción EL ARGENTINO
Desde hace tiempo que la Justicia Federal puso el ojo en lo que sucede en el Parque Industrial de Gualeguaychú y realizó sugerencias para no llegar a esta encrucijada que se presenta ahora, donde parecen que los tiempos se acotan y si no se revierte la contaminación que se está volcando a arroyos aledaños y al río Gualeguaychú, el Parque Industrial será clausurado.
Ante esto, fue el fiscal Rebollo el que le solicitó ahora al juez Viri que fije una fecha para la realización de una audiencia con el objeto de acordar un plan de acción entre las partes a fin de hacer cesar los efectos nocivos sobre el ambiente que se encuentra provocando el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).
Las previsiones de la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional son muy claras al respecto. Allí se establecen y se ordena el cumplimiento de los principios de política ambiental, en donde se prevé: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente, siendo la audiencia solicitada (y lo que de ella surja) una posible medida eficaz para impedir el desgaste del ambiente”.
Fue a partir de una publicación de EL ARGENTINO del 5 de julio de 2025, que la Fiscalía federal inició la investigación. “Impactante denuncia contra el PIG: "Tiran los efluentes al río sin procesar"”, titulaba la noticia en donde se mencionaba que el Foro Ambiental de Gualeguaychú hizo pública su denuncia. "Se constató que las instalaciones presentan fallas desde el mes de febrero", manifestaron.
Rebollo, en su requerimiento a Viri, argumentó que “el olor nauseabundo e irrespirable en el ámbito de la planta de tratamientos”, que él mismo comprobó en uno de los procedimientos que posteriormente se realizaron en el PIG, fue la prueba que no se atendieron en forma debida las soluciones por parte de la CODEGU.
Un empleado del Parque Industrial declaró ante la Justicia Federal el pasado 19 de noviembre, y esto también se encuentra en la causa, que ha sido testigo de la falta de capacidad de tratamiento de la planta respecto a los residuos recibidos por parte de las empresas. “El exceso que se observa hoy en día se debe a una sobrecarga de materia orgánica, con valores que duplican lo admitido. Esta situación se origina en problemas propios de las industrias que descargan en el sistema, y en este momento se está trabajando en la ampliación de la capacidad de tratamiento de la planta para poder trabajar con los valores de ingreso actuales”.
Por todo ello, Viri dio curso al requerimiento de Rebollo y fijó para el viernes 13 de febrero a las 9.30, una audiencia en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del poder Judicial de Gualeguaychú a fines de que se informen los trabajos de ampliación y mejora de la planta, con el objeto de darle las herramientas necesarias a este Ministerio Público Fiscal para evaluar y solicitar -en su caso- si la clausura es pertinente en lo inmediato, con la finalidad de preservar el Ambiente, el derecho a ejercer industria lícita, y de asegurar los fines de cualquier proceso penal.