
Desde el Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos (Focer) denunciaron que el Gobierno provincial no reglamenta la norma porque analiza impulsar una nueva ley. Advirtieron que esta decisión mantiene a miles de usuarios y productores en un peligroso limbo legal, expuestos a la Ley de Drogas.

Redacción EL ARGENTINO
El 6 de mayo de 2021 Entre Ríos hizo historia al convertirse en la primera provincia en sancionar una ley que contemplaba el autocultivo medicinal, un hito impulsado por los diputados Silvia Moreno y Néstor Loggio, y acompañado por la diputada nacional Carolina Gaillard, una de las principales estrategas de la sanción de la Ley Nacional de Uso Medicinal del Cannabis.
Sin embargo, lo que prometía ser una solución para garantizar el acceso seguro e informado al cannabis con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos del dolor, hoy se traduce en una incertidumbre legal para sus usuarios y también para quienes producen.
“Genera frustración tener que readaptarse constantemente a los cambios de reglas del gobierno nacional”, advierten desde organización cannábica de Entre Ríos
En este marco, la presidenta de la Asociación Civil Efecto Séquito e integrante del Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos (Focer), Guillermina Ferraris, afirmó que desde el Gobierno provincial se ha deslizado la intención de modificar la ley actual.
Si bien quienes vienen militando desde hace años por una legislación que evite la estigmatización y la clandestinidad no se oponen a posibles mejoras futuras y están dispuestos a dar el debate, Ferraris fue contundente en relación a la necesidad de establecer prioridades: “Primero hay que reglamentar la ley que se aprobó y después, si se quiere, cambiarla o debatir otra, pero todos sabemos los tiempos que demanda la modificación de una norma”, enfatizó.
Es por ello que desde la comunidad cannábica entrerriana exigieron respuestas y acciones concretas. La salud es un derecho fundamental, y la dilación en la reglamentación de una ley ya aprobada significa, para muchos, la negación de ese derecho básico.
En este sentido, Ferraris insistió en la urgencia de la reglamentación: “Hay personas que estamos siendo expuestas y corremos riesgo de ser criminalizadas por usar o producir cannabis medicinal” y aseveró a esta Agencia: “La salud no puede esperar".
En este marco, consideró que mientras se demore el tratamiento de estos cambios, las personas seguirán expuestas a las consecuencias de la Ley de Drogas, en un limbo legal que pone en riesgo su libertad y acceso a tratamientos.
Cabe destacar que las organizaciones cannábicas y de derechos humanos vienen reclamando por una nueva Ley Nacional de Drogas que actualice la política sobre estupefacientes y modifique la legislación actual, que rige desde 1989 y apunta principalmente contra cultivadores jóvenes de barrios populares. (Fuente: APFDigital)
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