Gualeguaychú se sumó a la marcha nacional: “La discapacidad está en emergencia, no somos la casta"

El encuentro comenzó pasadas las 18.30 en las inmediaciones de las calles Rocamora y 25 de Mayo. Desde allí, decenas de personas se movilizaron con velas y pancartas para visibilizar sus reclamos, tanto desde el lado de los profesionales y prestadores de servicios como de familiares y personas con discapacidad.

La manifestación se dio en el marco de una jornada de protesta nacional que exige la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una demanda que se sostiene desde hace tiempo y a la que el Gobierno Nacional se ha mostrado firmemente opuesto.

En Gualeguaychú, más de una cuadra de personas formaron una gran columna que marchó por 25 de Mayo hacia la plaza Urquiza. Con un altavoz, padres de personas con discapacidad denunciaron que los prestadores no reciben aumentos desde diciembre del 2024 y que la situación se volvió más que compleja.

En medio de la congregación, Silvina Levin, terapista ocupacional tomó la palabra y advirtió que el panorama actual es insostenible: las demoras en las autorizaciones para iniciar tratamientos, los aranceles congelados y el incumplimiento en los pagos por parte de las obras sociales están afectando directamente la calidad y continuidad de la atención.

"Los aranceles que percibimos están totalmente desactualizados y no cubren ni la mitad del valor real de una sesión", señalan. Además, denuncian que los aumentos registrados fueron ínfimos: 1% en octubre de 2024, 0,8% en noviembre, 0,5% en diciembre y ningún incremento en lo que va de 2025.

A esta situación se suma la burocracia creciente. "La atención no se limita a la sesión con el paciente. También trabajamos en la gestión de tratamientos, en reuniones con equipos, escuelas y familias, elaboramos informes, respondemos consultas fuera del horario laboral… y nada de eso está remunerado", explicó Levin.

Otro punto crítico es la demora en los pagos, que en los mejores casos alcanzan los 60 días, aunque varía según la obra social. También advirtieron sobre recortes en las prestaciones: "Muchas no están siendo autorizadas o se reduce su frecuencia sin fundamento técnico, dejando a las personas sin la cobertura necesaria".

La advertencia es clara: si esta situación continúa, el sistema previsto por la Ley 24.901 corre riesgo de desaparecer. “Sin prestadores no hay servicios. Sin servicios no hay salud ni educación”, remarcan.

En tanto, una de las madres presentes en la marcha expresó que su hijo tiene seis años, tiene síndrome de Down y acude a sus terapias desde muy chiquito. “Tratamos de brindarle los apoyos que necesita para crecer y desarrollar todo su potencial, para que pueda llevar adelante una vida con autonomía y plenitud. Estoy acá porque acompañar a mi hijo también es acompañar la lucha de quienes lo sostienen, lo estimulan, lo potencian cada semana. Facu avanza y no es por arte de magia, avanza porque hay personas que lo acompañan profesionalmente. Mientras tanto, muchas veces debemos afrontar los costos de nuestro bolsillo. Algunas familias aún no han recibido reintegros del año pasado”, denunció.

“El acceso a las terapias de los niños con discapacidad no puede depender exclusivamente de las posibilidades económicas de la familia porque es una obligación del Estado garantizar el derecho a prestaciones accesibles y de calidad. La ley que regula las prestaciones básicas en discapacidad garantiza el acceso integral y gratuito a prestaciones básicas para las personas con discapacidad incluyendo terapias, apoyos escolares y demás servicios esenciales. Pero este acceso no puede garantizarse si las condiciones de trabajo de quienes brindan estas prestaciones son precarias”, advirtió la madre en medio del apoyo generalizado.

Finalmente, sostuvo que “negar condiciones laborales dignas a los prestadores es también una forma de vulnerar el derecho a la salud, a la inclusión y al desarrollo integral de las personas con discapacidad. Me pregunto si llegará un momento en que habrá acompañamiento solo para quienes puedan pagarlos. ¿Qué tiene eso de inclusivo o de equitativo?”

La problemática no es nueva, desde el sector advierten que se atraviesa un momento bisagra. Los prestadores profesionales, fundamentales para los tratamientos, ya no pueden seguir trabajando en las condiciones actuales, y las personas que requieren terapias tampoco logran acceder a ellas. El panorama general incluye retrasos en los pagos, normativas regresivas que vulneran derechos adquiridos y una falta de actualización de los aranceles.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares y profesionales de todo el país convocaron a una Jornada Federal para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El proyecto establece, hasta diciembre de 2027, una serie de medidas para garantizar el acceso pleno a prestaciones de salud, educación, empleo y protección social. También propone la regularización de pagos atrasados a prestadores, la actualización de aranceles, el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad, beneficios para las empresas que las contraten y el fortalecimiento de los servicios básicos y de atención.

Según denuncian desde distintas organizaciones, en lo que va de 2025 el nomenclador ha registrado un aumento del 0%. A esto se suman aranceles que no cubren los honorarios mínimos éticos, pagos adeudados desde 2024 y gastos operativos que deben afrontar los profesionales de forma individual: alquileres, materiales, seguros, monotributo, entre otros.