Uruguay se convierte en el tercer país en legalizar la eutanasia activa

De esta manera, Uruguay se convirtió en el tercer país de la región y undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa, que se da cuando un médico induce a la muerte de un paciente en casos de extrema gravedad.

“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, detalló Orsi, según reportó el diario El País y supo la Agencia Noticias Argentinas. “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, consideró.

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“Hace seis meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno”, agregó y apuntó que, con esa base, firmó la ley de eutanasia “tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdo en los temas que más importan”.

La aprobación de la ley

La ley de muerte digna fue aprobada en el Senado, con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición. La redacción contó con los 17 votos de la bancada del Frente Amplio, que tiene mayoría en la cámara alta; de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, y los senadores colorados, Ope Pasquet, que relevó por esa jornada a Robert Silva, y por Heber Duque, suplente de Andrés Ojeda.

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Tras la aprobación de la misma redacción que tuvo luz verde en Diputados dos meses antes, Uruguay se convirtió ayer en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron hace años el procedimiento, fue a través de fallos de sus cortes constitucionales.

Los requisitos para acceder al proceso y las etapas que existen

La ley aprobada habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padezcan por ello sufrimientos “insoportables”, con “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida, dice el informe.

Cada caso será analizado por un equipo multidisciplinario en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, con informes médicos y psicológicos, y la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento.