
Frente al recorte de horas extra y la baja de suplencias, trabajadores estatales nucleados en ATE se movilizan en distintos organismos. La protesta más fuerte se concentró en el CGE y el Ministerio de Salud.

Redacción EL ARGENTINO
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una asamblea interministerial este miércoles en Casa de Gobierno, en respuesta a la avanzada del Ejecutivo provincial que decidió recortar un 20% el pago de horas extras, reducir la planta del personal y dar por concluidas suplencias en áreas clave. La medida generó un fuerte malestar y multiplicó las protestas en organismos como el Consejo General de Educación (CGE), el Ministerio de Salud, ATER, Copnaf y el Ministerio de Desarrollo Humano.
Desde el Gobierno indicaron que el recorte impacta en unos 4.800 agentes sobre una planta de 91.000, aunque en áreas críticas, como Salud y Educación, las consecuencias son particularmente severas. En el CGE, se denunciaron 86 suplencias dadas de baja y recortes de hasta el 60% en horas extras. "Esto contradice lo que dijo el propio gobernador Frigerio, que no habría recorte sino ordenamiento", remarcaron desde ATE.
En Salud, las protestas incluyeron una retención de servicios de 10 a 13. Gustavo Squidelqui, delegado de ATE, advirtió que el recorte representa una pérdida de entre $70.000 y $90.000 mensuales por trabajador, una cifra que afecta de lleno a la economía de los hogares. "No se trata solo de horas extra, se trata de plata que necesitamos para vivir", remarcó.
El sindicalista también denunció el vaciamiento de las paritarias y alertó sobre la grave situación del Iosper. “Si uno se enferma, no hay plata que alcance”, afirmó, al tiempo que pidió que el ajuste recaiga “sobre los bolsillos de los funcionarios y no sobre los trabajadores”.
En ATER, los trabajadores también elevaron su reclamo, denunciando reestructuraciones “sin criterio”, traslados arbitrarios y riesgo de despido para el personal precarizado. La planta total es de 400 trabajadores, de los cuales unos 60 están bajo contratos que podrían no renovarse.
Otro foco de conflicto es el Ministerio de Desarrollo Humano, donde los empleados exigen no solo la restitución de las horas extra sino también la mejora del salario básico, que ronda los $120.000, y la regularización de las contrataciones temporarias. A través de una nota dirigida a la ministra Verónica Berisso, manifestaron su rechazo al uso de las Unidades de Compensación Económica (UCE) para contratar asesores externos mientras se recorta el ingreso de trabajadores de planta.
“Solicitamos la suspensión inmediata del recorte antes del cierre de la liquidación de este mes”, expresaron en el documento, que también critica la prolongación de relaciones laborales precarias bajo figuras como suplencias con varios años de antigüedad.
ATE exige que las horas extras dejen de ser parte esencial del salario y que se conviertan en opcionales, con un sueldo básico digno que garantice la subsistencia. Mientras tanto, la tensión en el Estado provincial se mantiene alta, con asambleas, retenciones y paros que podrían intensificarse si no hay respuesta oficial.
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