Polémica por detención de militantes tras pintadas en apoyo a Cristina Kirchner

El abogado Tomás Vírgala, defensor de cinco jóvenes detenidos en Paraná por realizar pintadas en carteles de obra y paredes públicas, cuestionó con dureza el procedimiento llevado adelante por la Policía de Entre Ríos tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. “Fue un atropello institucional. A lo sumo es una contravención, pero nunca un delito penal”, aseguró.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 13 de junio, pocas horas después de conocerse la decisión del máximo tribunal. Según explicó Vírgala, los militantes realizaban pintadas con consignas políticas cuando fueron interceptados por efectivos policiales. “Primero fueron retenidos dentro de un vehículo, luego esposados y trasladados a antecedentes. Recién recuperaron la libertad alrededor de las cinco de la mañana”, detalló.

La causa quedó en manos del fiscal Cristian Giunta y fue caratulada como “daño agravado”, por tratarse de bienes públicos. Sin embargo, el abogado que lleva adelante la defensa junto a Juan Ignacio Meyer, remarcó que no hay elementos jurídicos que sostengan la imputación. “Una pintada no destruye ni inutiliza un cartel o una pared. No hay daño penal, por lo tanto no hay delito”, explicó. A su criterio, ni siquiera corresponde una sanción de mayor alcance que una multa o apercibimiento.

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Vírgala denunció que los jóvenes fueron objeto de una vigilancia previa y que “fueron seguidos con cámaras”, lo que —según planteó— “demuestra que hubo una preparación deliberada del operativo con fines ejemplificadores”. Para él, se trata de una respuesta institucional desmedida frente a una expresión política. “Quieren criminalizar a los militantes por el contenido de su mensaje”, afirmó.

El abogado se mostró particularmente preocupado por el precedente que esta causa podría sentar en materia de libertades públicas. “Hoy son cinco jóvenes por una pintada. Mañana puede ser cualquier manifestante, cualquier expresión crítica. Esto es lo que nos debe alarmar”, sostuvo. Y señaló que su postura es compartida por otros colegas, funcionarios judiciales y sectores políticos que, según afirmó, “ven en este caso una señal inquietante sobre el trato que se da a la protesta”.

También indicó que el equipo de defensa presentará un pedido formal de cierre de la causa, por considerar que los hechos denunciados no encuadran en ninguna figura penal. “No hay delito, hay una manifestación simbólica. No puede tratarse con la vara del Código Penal a lo que es parte del ejercicio ciudadano de opinar”, concluyó.

El Ministerio Público Fiscal continúa con la etapa preliminar de investigación. Mientras tanto, el caso se convierte en un nuevo eje de tensión política y judicial en medio del clima que generó el fallo definitivo contra la expresidenta.