Revés judicial para Milei: frenan la transformación del Banco Nación

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión del decreto 116/2025, mediante el cual el Gobierno nacional buscaba transformar al Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima. El fallo ratifica una medida cautelar dictada en primera instancia, en respuesta a una presentación judicial de trabajadores del banco y con el respaldo de la Asociación Bancaria, que actuó como amicus curiae.

Para los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, el Poder Ejecutivo no estaba facultado por la ley de Bases para avanzar con esa transformación. El tribunal interpretó que la delegación legislativa no habilitaba a modificar la naturaleza jurídica de la entidad, cuya inclusión fue deliberadamente excluida por el Congreso de la lista de empresas susceptibles de privatización. “Esa omisión tiene un sentido: preservar la condición pública del banco”, afirmaron.

“Más que un fallo judicial fue un fallo político”

La demanda fue impulsada por empleados del BNA, quienes advirtieron sobre los riesgos de una modificación inconsulta que consideraron un paso hacia la privatización. La Cámara les reconoció legitimidad para llevar adelante el reclamo, en tanto forman parte de una entidad autárquica y regida por el derecho público. También se valoró el respaldo gremial de la Asociación Bancaria, que representa a más de 17.000 afiliados en el país.

En cuanto al otorgamiento de la medida cautelar, los jueces concluyeron que estaban reunidos los requisitos legales: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. Además, sostuvieron que la suspensión del decreto no afecta el interés público, ya que evita que se concrete un cambio estructural no aprobado por el Poder Legislativo.

El fallo representa un nuevo traspié judicial para el gobierno de Javier Milei, que había justificado el decreto como parte de una estrategia para “modernizar” la estructura del Banco Nación. Sin embargo, la Cámara consideró que semejante transformación no puede concretarse sin pasar por el Congreso, tal como lo exige la legislación vigente.

“La delegación de facultades al Ejecutivo para reorganizar el Estado no puede ser utilizada como excusa para alterar la condición legal de una entidad que el Congreso decidió mantener fuera de cualquier intento de privatización”, sostuvieron los magistrados.

Esta resolución refuerza la estrategia legal de los trabajadores y del gremio bancario, que desde el primer momento advirtieron sobre las consecuencias de la medida presidencial. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, había calificado el intento de conversión del banco en Sociedad Anónima como “una maniobra encubierta para su venta”, y destacó la “resistencia organizada de los trabajadores” como clave para frenar el avance del Ejecutivo.

Con esta decisión, la Justicia vuelve a poner límites a las facultades delegadas por el Congreso, en una disputa que promete extenderse si el Gobierno insiste en avanzar con reformas sin aval parlamentario. Mientras tanto, el Banco Nación continuará funcionando bajo su actual régimen jurídico, como entidad pública y autárquica.