
El establishment argentino observa con “profunda preocupación” la crisis de credibilidad de la Justicia, impactada por la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner, quien hoy cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires.

Redacción EL ARGENTINO
El temor es que esta situación no solo reactive al peronismo, sino que también debilite a los jueces, poniendo en riesgo la seguridad jurídica fundamental para los negocios.
Tras el fallo de la Corte Suprema que envió a la expresidenta a prisión y la excluyó de futuras elecciones, casi la totalidad del empresariado de elite optó por el silencio, buscando evitar el desgaste ante posibles protestas o conflictos sociales. Sin embargo, esta actitud también genera inquietud, ya que dejar solo al Poder Judicial puede erosionar la confianza en la justicia como garante del orden institucional.
Un alto ejecutivo, en off the record, afirmó que “las condenas deben cumplirse sin importar la relevancia política”, y resaltó que la Justicia “demostró la existencia de corrupción, lo cual debería fortalecer la confianza en las instituciones republicanas”. No obstante, otros líderes empresariales advierten que un cuestionamiento hacia el máximo tribunal podría poner en jaque la legitimidad de futuros fallos, generando un escenario de inseguridad jurídica que impactaría negativamente en la inversión y el funcionamiento del mercado.
El debate por la seguridad jurídica es clave para el sector privado, que entiende la Justicia como un “paraguas” indispensable para la actividad empresarial. Aunque varios ejecutivos aseguran estar dispuestos a respaldar públicamente el fallo, la mayoría prefiere mantenerse al margen para evitar quedar expuestos en una disputa que consideran incontrolable.
El empresariado también teme que la medida judicial haya reactivado a un peronismo debilitado, lo que podría generar un clima político adverso. Se señala que la exclusión electoral de Cristina Kirchner la convierte en un símbolo de resistencia y cohesiona al Partido Justicialista en torno a su figura, lo que dificulta el escenario político y judicial.
Además, se critica la lentitud judicial y la percepción de que la Justicia actúa según intereses políticos cambiantes, lo que profundiza la desconfianza social y empresarial. Esta crisis de legitimidad se traduce en temores de que la conflictividad social y política afecten la estabilidad necesaria para el desarrollo económico.
El círculo rojo confía en que las manifestaciones y tensiones políticas se disipen con el tiempo y que las internas del peronismo tomen protagonismo en la agenda electoral. Sin embargo, advierten que un clima de inestabilidad prolongado durante un año electoral podría generar un impacto negativo duradero para los negocios y la economía argentina.
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