
La diputada Carolina Gaillard pidió tratar los decretos en el Congreso y frenar “el desguace del Estado” promovido por el Ejecutivo.

Redacción EL ARGENTINO
La publicación en el Boletín Oficial del decreto que disuelve, fusiona o transforma 21 organismos públicos encendió la alarma en distintos sectores políticos y sociales. La diputada nacional Carolina Gaillard, del bloque Unión por la Patria, expresó su rechazo a la medida y convocó al Congreso a utilizar las herramientas legislativas para dejarla sin efecto.
“Los decretos delegados de Milei que disuelven de manera encubierta organismos como el Instituto Nacional del Teatro, la Conabip, el INTA, el INTI, el Inase y otros, pueden ser rechazados por mayoría simple si hay quórum en ambas cámaras”, sostuvo Gaillard en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.
La legisladora entrerriana recordó que la Ley 26.122 regula el procedimiento para el tratamiento de decretos delegados y establece que, si no se abordan en la Comisión Bicameral en un plazo de 10 días, pueden tratarse de oficio en el recinto. “Ya estamos en plazo y podemos tratarlos y rechazarlos si los bloques están de acuerdo”, afirmó.
La decisión del Gobierno nacional —publicada en el Boletín Oficial N° 35.702— afecta a organismos vinculados a áreas estratégicas como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial. El argumento oficial es la reducción del gasto público y el “achicamiento del Estado”, en línea con los objetivos trazados por el presidente Javier Milei.
Desde Unión por la Patria denunciaron que estas medidas implican una desestructuración profunda del aparato estatal y que afectarán servicios, derechos culturales y científicos. “Estos decretos representan un desquicio institucional. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se destruye el Estado por decreto. Tenemos las herramientas para frenar esto y debemos usarlas”, sostuvo Gaillard.
La diputada instó especialmente a quienes votaron a favor de la Ley Bases y la delegación de facultades legislativas a “resarcirse” con una postura crítica ante estos decretos. “Es momento de mostrar responsabilidad institucional y compromiso con el país. No todo vale en nombre del ajuste”, enfatizó.
La controversia se suma a un clima de creciente tensión política y social en torno a la aplicación de la Ley Bases y el uso de los decretos para reestructurar el Estado sin discusión parlamentaria. En paralelo, sectores afectados por las disoluciones, como el sector cultural, científico y productivo, comienzan a organizar acciones para visibilizar las consecuencias de las decisiones del Ejecutivo.
Mientras tanto, en el Congreso crecen las voces que impulsan una sesión especial para tratar los decretos y forzar una votación que, con mayoría simple, podría dejarlos sin efecto.
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