La eliminación de retenciones a la minería genera rechazo en el sector rural

La postura fue definida en la reunión que la entidad mantuvo este lunes, donde se analizó el impacto que esta resolución genera en un contexto en el que el campo mantiene elevadas cargas impositivas.

Según el planteo de la Federación, la situación es particularmente crítica para el cultivo de soja, que afronta una próxima campaña con un escenario de quebranto prácticamente asegurado debido a la combinación de altos costos y presión fiscal. “Mientras otros sectores reciben beneficios, al agro se le exige seguir soportando una carga impositiva que atenta contra su sostenibilidad”, remarcaron dirigentes presentes en el encuentro.

La entidad recordó que, a diferencia de la minería, el sector agropecuario no solo se ve limitado por las retenciones, sino también por las dificultades derivadas de la volatilidad de los mercados internacionales, el encarecimiento de insumos y la inestabilidad climática. En ese marco, la quita de tributos a otra actividad económica sin una medida similar para el campo es vista como un gesto de inequidad y falta de coherencia en la política económica nacional.

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Otro punto central de la reunión fue la reiteración de la preocupación por el proceso de desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que en Entre Ríos tiene un rol clave en la asistencia técnica, la investigación y el acompañamiento a las economías regionales. “En una provincia con una diversidad productiva tan marcada, el INTA es un socio indispensable para el desarrollo sustentable y la innovación tecnológica. Debilitarlo es ir en contra de nuestro futuro”, señalaron.

El análisis de la Federación Agraria incluyó también un apartado dedicado a la problemática de los arrendamientos rurales. Se reconoció que el actual esquema de alquileres de tierras en la provincia impone condiciones que resultan insostenibles para pequeños y medianos productores, quienes deben afrontar cánones elevados y plazos contractuales que no siempre permiten planificar a largo plazo.

Para abordar este tema, la organización impulsará un proceso de debate ampliado que incluya a otros sectores vinculados al agro, como asociaciones de productores, arrendadores, cooperativas y legisladores provinciales. El objetivo es generar propuestas concretas que apunten a equilibrar la relación entre propietarios y arrendatarios, favoreciendo acuerdos más justos y sostenibles.

La Federación Agraria advirtió que, sin cambios de fondo en las políticas públicas hacia el sector, la viabilidad económica de una gran parte de los productores entrerrianos seguirá en riesgo. Y remarcó que la defensa del trabajo rural, de la investigación científica y de la equidad tributaria será una prioridad en su agenda de reclamos.