El Gobierno presiona a las provincias para adherir al nuevo régimen de Ganancias

El Gobierno nacional instó a las provincias a suscribir un nuevo convenio de intercambio de información fiscal en el marco del Régimen Simplificado de Ganancias. A través de un comunicado oficial, advirtió que quienes no adhieran perderán el acceso a datos de facturación y consumos por encima de los 50 millones de pesos, umbral fijado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida se enmarca en el lanzamiento del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos y busca —según las autoridades— garantizar las condiciones de control y transparencia que acompañan la nueva modalidad impositiva.

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El Régimen Simplificado de Ganancias fue anunciado la semana pasada por el secretario de Ingresos Públicos, Juan Pazo. El nuevo sistema elimina el requerimiento de información sobre consumos y patrimonio personal, y se enfoca exclusivamente en ingresos facturados y gastos deducibles. “Los consumos personales no van a pasar más por ARCA”, remarcó el funcionario, destacando el objetivo de simplificar trámites para quienes operan en la economía formal.

A partir de junio, los contribuyentes podrán optar por este nuevo régimen, que regirá para el período fiscal 2025. El sistema permitirá que cada usuario acceda a su perfil en la web de ARCA y revise el cálculo tributario automático para luego confirmarlo, modificarlo o abonarlo antes del vencimiento de mayo de 2026.

El comunicado oficial del Ejecutivo advirtió que “las provincias que no adhieran no contarán con información clave sobre facturación de personas y empresas ni sobre consumos superiores al umbral fijado”, lo que limita su capacidad de control fiscal. Además, reiteró la invitación a los gobernadores a “ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

La reacción de los gobiernos provinciales ha sido dispar. Desde Santa Fe, el Ejecutivo valoró la medida pero anunció acciones específicas para evitar que sea utilizada por organizaciones delictivas. Los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) y Pablo Olivares (Economía) anunciaron un paquete de leyes para evitar el lavado de activos vinculados al narcotráfico.

En contraste, la provincia de Buenos Aires, a través de ARBA, criticó con dureza la iniciativa nacional. Su director, Cristian Girard, la calificó como “un blanqueo encubierto” y aseguró que seguirán fiscalizando a los contribuyentes con la normativa vigente. “No apunta a los ahorros acumulados, sino a legalizar flujos no declarados en tiempo real”, advirtió.

ARBA aclaró que las obligaciones fiscales en territorio bonaerense no se verán alteradas por el nuevo régimen nacional y que los controles continuarán con la misma intensidad. La controversia anticipa una pulseada política y fiscal entre Nación y provincias en torno a la gestión tributaria y la transparencia del nuevo esquema impositivo.