La Cámara Criminal confirmó la acusación por abuso de autoridad y lesiones leves. El agente actuó sin justificación contra una menor de 10 años durante una marcha por jubilaciones.
Miércoles, 16 de Julio de 2025,
9:05
Redacción EL ARGENTINO
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del agente de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, imputado por haber arrojado gas lacrimógeno directamente al rostro de una niña de 10 años durante una protesta frente al Congreso, en septiembre de 2024. La manifestación se realizaba contra el veto presidencial a la suba de jubilaciones.
El tribunal de alzada rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del policía y ratificó su responsabilidad como autor de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves. Además, mantuvo el embargo preventivo sobre sus bienes. No obstante, los camaristas ordenaron al juez de primera instancia, Sebastián Ramos, ampliar las medidas probatorias solicitadas por la defensa, lo que demorará el eventual juicio.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi concluyeron que el accionar del agente “fue desproporcionado, injustificado y violatorio de los protocolos” que rigen para el uso de disuasivos químicos en manifestaciones públicas. El informe señala que Rivaldi actuó con conocimiento de que en el lugar estaban una mujer y su hija tendidas en el suelo, y que a pesar de ello apuntó directamente a sus rostros con el gas.
En su resolución, los camaristas señalaron que el policía tenía levantado el visor de su casco, lo que le permitía una visión clara de la escena, y que varios manifestantes advirtieron a gritos la presencia de la niña antes del ataque. Las pruebas audiovisuales y el testimonio de la madre fueron claves para confirmar los hechos.
La defensa del acusado había planteado que el gas podría haber sido lanzado por otros manifestantes y que existió una “valoración sesgada” del contexto. También aseguró que cumplía órdenes superiores y que nunca identificó a la menor. Argumentos que fueron desestimados por la Cámara.
El juez Ramos, en su fallo original, consideró que la madre y la niña se encontraban en una situación de vulnerabilidad, sin agredir a la autoridad, y que el accionar del policía fue deliberado y contrario a la normativa vigente.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente al efectivo en su momento. Dijo que “nadie le apuntó a una nena” y justificó el avance policial ante los manifestantes, defendiendo el accionar como parte de un operativo complejo. Su postura reavivó la polémica por el uso de la fuerza en protestas sociales.
Mientras el expediente avanza, el caso vuelve a poner en el centro del debate el uso excesivo de la represión por parte de las fuerzas federales, especialmente frente a sectores vulnerables, y el marco político que legitima o cuestiona esos episodios.
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