La central obrera definió protestar el miércoles frente al Congreso, pero descartó convocar a un paro general.
Viernes, 6 de Febrero de 2026,
19:28
Redacción EL ARGENTINO
La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este viernes realizar una movilización frente al Congreso el próximo miércoles, en coincidencia con el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado. La decisión fue tomada en una reunión del Consejo Directivo en la sede de Azopardo, marcada por tensiones entre el sector dialoguista y el ala más dura de la central.
El triunvirato de conducción propuso la movilización, mientras que sindicatos del transporte nucleados en la CATT reclamaron un paro de 12 horas para facilitar la asistencia, y Sebastián Maturano (La Fraternidad) planteó incluso un paro de 48 horas. Sergio Palazzo (bancarios) pidió que la protesta se inscriba en un plan de lucha creciente. Sin embargo, la conducción optó por una marcha sin paro nacional, aunque cada gremio podrá disponer ceses de actividades para permitir la participación de sus afiliados.
La discusión interna reflejó diferencias estratégicas: el sector dialoguista busca negociar modificaciones en la reforma, mientras que el ala dura presiona por medidas más contundentes. Los dirigentes criticaron al Gobierno por impulsar el proyecto y a los gobernadores que, salvo excepciones del PJ, evitaron reunirse con sindicalistas y parecen alineados con la Casa Rosada.
Los gremialistas reconocen que la reforma laboral probablemente se convierta en ley, por lo que concentran sus esfuerzos en lograr cambios en puntos sensibles. Según trascendió, el Gobierno estaría dispuesto a conceder dos reclamos: mantener las cuotas solidarias para los sindicatos y eliminar el artículo 161, que reducía la contribución patronal a las obras sociales del 6% al 5%. Esta rebaja implicaba una pérdida estimada de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalente al 0,1% del PBI.
No obstante, quedarían intactos los artículos que limitan la ultraactividad de los convenios, reglamentan el derecho de huelga en servicios esenciales, priorizan convenios por empresa y restringen las asambleas. En paralelo, el Ministerio de Economía busca una fórmula para postergar la reducción de impuestos a grandes empresas, con el fin de evitar un recorte inmediato de recursos coparticipables que podría significar una merma de $1 billón para las provincias. Fuente: APFDigital
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