Eutanasia: la UCR presentó un proyecto para regular el derecho a una muerte asistida

El pasado 15 de octubre Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia.

Con algunos puntos en común con la norma del vecino país, ingresó esta semana un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación que propone una ley para regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en todo el país.

La iniciativa, presentada por el diputado de la UCR Lisandro Nieri, y que tiene el acompañamiento de sus colegas de bloque Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz; tiene como objetivo establecer un marco legal que permita a personas con enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos y limitantes solicitar ayuda médica para morir, bajo estrictos requisitos y controles.

El texto establece derechos, procedimientos y garantías para pacientes y profesionales del sistema de salud, e introduce reformas al Código Penal para asegurar el respaldo legal de quienes acompañen estas decisiones.

De acuerdo con el proyecto, toda persona adulta que padezca una enfermedad grave, crónica o incurable podrá requerir la prestación de ayuda para morir. El pedido deberá realizarse en dos ocasiones, de manera voluntaria, por escrito y con una separación mínima de quince días entre cada solicitud. El consentimiento informado, la posibilidad de revocar la decisión y la intervención de una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada jurisdicción forman parte de los resguardos contemplados. El sistema de salud, tanto público como privado, tendrá la obligación de garantizar la prestación, cubriendo todos los costos asociados.

El proyecto define la eutanasia como un procedimiento realizado por un médico o bajo sus órdenes, después de comprobarse que concurren los requisitos legales y éticos, para provocar la muerte de quien lo solicita en forma reiterada y fehaciente. La persona podrá desistir en cualquier momento, sin que esto implique trámite alguno ni demoras. La propuesta también reconoce que mayores de dieciséis años y personas con capacidades restringidas pueden ejercer este derecho, bajo ciertas condiciones y salvaguardas previstas por la ley.