Causa YPF: Argentina rechazó un pedido judicial y se negó informar dónde están las reservas de oro ante la jueza Preska

El Gobierno nacional rechazó un pedido judicial para revelar la ubicación y los movimientos de las reservas de oro de la Argentina, en el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF y que derivó en una condena contra el país por más de US$16.000 millones.

La presentación fue realizada ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, y fue dada a conocer por el especialista Sebastián Maril. Según explicó, el Ejecutivo argumentó que el oro pertenece al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que, al tratarse de una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a esa información.

"El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información", detalló Maril en un posteo. En la misma línea, el Estado también desestimó el requerimiento para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar ante el tribunal para dar precisiones sobre el tema.

No obstante, desde el Gobierno señalaron que realizarán el pedido correspondiente al Banco Central, mientras continúan las instancias judiciales en el exterior. Cabe recordar que la Argentina apeló el fallo condenatorio dictado por Loretta Preska y aguarda ahora una definición de la Corte de Apelaciones.

El planteo de los demandantes fue impulsado por los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF —entre ellos los fondos Petersen y Eton Park—, quienes solicitaron que la jueza obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, las cuentas y los movimientos de sus reservas de oro. El objetivo es identificar activos embargables que permitan avanzar en la ejecución de la sentencia, que asciende a unos US$16.100 millones.

El requerimiento generó fuerte impacto en el Banco Central. La entidad que preside Santiago Bausili, según consignó La Política Online, habría reconocido internamente que la operatoria vinculada al oro carece de respaldo documental sólido, lo que podría exponer a las autoridades a eventuales responsabilidades penales.

En una carta enviada el 21 de enero de 2026 al tribunal por el estudio de abogados Levine Lee LLP, los demandantes denunciaron una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno argentino para evitar el pago de la condena. En ese escrito, afirmaron que el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional y que, en su lugar, designó a un expositor "deliberadamente no preparado", lo que calificaron como una maniobra de obstrucción.

"El incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro", sostuvieron los abogados, quienes remarcaron que la falta de respuestas es "grave y continua" y que el perjuicio económico se agrava ante el aumento del precio del metal, que alcanzó un máximo histórico.

Además, la presentación judicial aseguró que funcionarios de alto rango tienen acceso a la información requerida. En ese sentido, los litigantes señalaron que el ministro Luis Caputo posee datos directos sobre el traslado de los activos y destacaron su vínculo con el presidente del BCRA, a quien definieron como su "subordinado", al afirmar que ambos mantienen "contacto continuo vía grupo de chat".

Ante este escenario, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal obligue a la Argentina a presentar de inmediato una declaración jurada con la ubicación, los movimientos y las cuentas vinculadas al oro. Como alternativa, pidieron la realización de una audiencia probatoria con testimonio de funcionarios con conocimiento directo, entre ellos Caputo.

Finalmente, el escrito reclamó que se ordene al Estado argentino el pago de los honorarios legales de los demandantes por la supuesta conducta obstructiva y recordó que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación cuentan con facultades legales para acceder a información vinculada al transporte de las reservas.