El Director del Servicio Penitenciario inició una investigación interna por las denuncias de Celis

Daniel “Tavi” Celis denunció que Leonardo Airaldi se manejaba como un “patrón” en el interior de la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, cuando reveló el supuesto plan criminal que iba a ejecutar el ex Presidente de la Sociedad Rural de Diamante contra el juez Federal Leandro Ríos, el fiscal Federal José Ignacio Candiotti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

En declaraciones brindadas a Canal 9 Litoral, Miotti se refirió a la grave denuncia realizada por Celis, que involucra a Leonardo Airaldi y los presuntos hechos de corrupción dentro de la institución. Habló sobre las medidas de seguridad adoptadas y el estado de la investigación administrativa interna.

Miotti confirmó la apertura de un proceso administrativo para determinar posibles connivencias como denunció Celis. “Iniciamos una información sumaria que ya está en curso para deslindar o atribuir si hay responsabilidades de personal penitenciario o el que fuere”, señaló.

Uno de los puntos clave de la denuncia es la existencia de registros fílmicos que podrían probar los movimientos irregulares. Miotti aclaró que, durante un allanamiento realizado por Gendarmería con presencia del fiscal, se procedió al secuestro del soporte técnico de las imágenes. “El DVR de las cámaras de la unidad penal fue secuestrado bajo acta. Esperaremos a ver cuándo será devuelto para seguir nuestra investigación interna”, afirmó el funcionario.

Respecto a la vigilancia interna, Miotti reconoció que el sistema tecnológico es reciente en algunas áreas: “Hasta hace un tiempo atrás la tecnología en el servicio no existía, había cámaras muy dispersas. En la Unidad Penal 9 se fueron colocando sistemas de vigilancia en cercanía de los pabellones o en los pabellones en sí”.

Perfil de “alto riesgo”

El Director también se refirió a la solicitud de traslado de Airaldi a un Penal Federal como el de Ezeiza debido a su perfil de peligrosidad. Miotti reveló que el Servicio Penitenciario ya había advertido sobre los riesgos de alojar a este interno en unidades provinciales. “Informamos que, si bien este interno no era considerado de alto perfil, sí veíamos la posibilidad de que un interno federal pudiente, con recursos económicos para comprar voluntades tanto de personal, pudiera generar estas situaciones”, detalló. Según el director, el pedido de traslado hacia una Unidad Penal Federal fue solicitado en el año 2024.

A pesar de la gravedad de la denuncia, Miotti defendió el desempeño general de la fuerza. “Destaco que, más allá de estas situaciones, no es todo el personal. Lamentablemente estas piezas que no encajan dentro del sistema son las que arruinan todo un trabajo que se hace a diario”, manifestó, haciendo mención también a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la provincia para implementar tecnología de vigilancia de alto costo.