La provincia logró un récord en la gestión de residuos agropecuarios, con clausuras y sanciones a depósitos ilegales.
Redacción EL ARGENTINO
Durante 2025, en Entre Ríos se recuperaron 398.881 kilos de envases vacíos de fitosanitarios, una cifra que marca un avance significativo en la gestión ambiental vinculada al sector agropecuario.
El dato refleja un crecimiento sostenido: la recuperación fue un 57% superior a la de 2024 y más del doble respecto de 2023, posicionando a la provincia entre las más activas en la materia a nivel nacional.
El resultado se explica por la combinación de controles más estrictos, capacitaciones y un trabajo territorial que involucra a municipios y comunas. En el marco de la Ley Nacional 27.279, se reforzó la coordinación con la Policía de Entre Ríos, capacitando a más de 100 efectivos en tareas de fiscalización. Estos operativos permitieron frenar el transporte y comercio ilegal de envases, asegurando que los residuos lleguen a los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados y gestionados por la Asociación Campo Limpio.
Uno de los puntos más relevantes del año fue la clausura de dos centros de acopio clandestinos, uno en la costa del Paraná y otro en la del Uruguay. El operativo más resonante ocurrió en Aranguren, sobre la ruta nacional 12, donde se desmanteló un establecimiento que funcionaba de manera ilegal desde hacía más de una década. La sanción incluyó una multa superior a los 46 millones de pesos y la obligación de remediar el predio afectado.
Gabriela Joubert, coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, destacó que las capacitaciones insisten en la prohibición absoluta de reutilizar o incinerar envases de fitosanitarios, prácticas que ponen en riesgo la salud de las comunidades. “La gestión responsable de estos residuos es clave para proteger el ambiente y garantizar la seguridad de la población”, señaló.
El avance en la recuperación de envases muestra que el compromiso con la economía circular empieza a consolidarse en el sector agropecuario entrerriano. Más allá de las cifras, el desafío sigue siendo sostener los controles y evitar que prácticas ilegales vuelvan a instalarse en el territorio