Pirotecnia y escapes libres: organizaciones denuncian falta de controles y sanciones

Pasadas las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el uso de pirotecnia volvió a quedar en el centro del debate público en Gualeguaychú. Organizaciones proteccionistas de animales y familiares de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) manifestaron su repudio ante una práctica que, pese a estar prohibida por ordenanza, continúa repitiéndose año tras año.

Desde la organización comunitaria TGD Padres TEA Gualeguaychú, integrada por familias, profesionales y personas allegadas a quienes atraviesan esta condición, remarcaron que tanto la venta como el uso de pirotecnia están prohibidos en la ciudad y señalaron la falta de controles efectivos para garantizar el cumplimiento de la normativa.

En diálogo con EL ARGENTINO, la presidenta de la entidad, Carina Leonardi, expresó su preocupación por el impacto que estos ruidos generan en personas con hipersensibilidad auditiva. “Los ruidos provocados por pólvora o escapes libres son estremecedores. Hemos explicado hasta el cansancio lo que implica la hipersensibilidad auditiva. No es una exageración ni un capricho: no se elige y tampoco se puede evitar voluntariamente”, explicó.

Leonardi detalló que este tipo de estímulos “producen dolor, ansiedad, angustia y estrés”, y que en muchos casos “desregulan completamente a la persona, ocasionando crisis que pueden durar muchas horas después de que el petardo se apagó o que el vecino pasó tirando cortes mientras hacía picadas”.

Estas expresiones formaron parte del comunicado leído el pasado 30 de diciembre durante la marcha contra el uso y la venta de pirotecnia en Gualeguaychú. El documento fue posteriormente entregado al Municipio, junto a un petitorio con una serie de reclamos concretos.

Entre los principales puntos solicitados se destacan el refuerzo de controles municipales y operativos de fiscalización, la aplicación de sanciones correspondientes, la implementación de campañas de concientización y difusión sobre las ordenanzas vigentes, la habilitación de canales accesibles y visibles para realizar denuncias ciudadanas y una mayor articulación entre áreas municipales para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Actualmente rigen en la ciudad la ordenanza de Pirotecnia Cero (N.º 12079/16) y la que prohíbe el uso de escapes modificados en motos (N.º 12509/2021). Sin embargo, desde la organización advierten que, pese al marco legal existente, las prácticas prohibidas continúan ocurriendo a diario.

“Creemos que faltan campañas profundas y sostenidas en el tiempo. También respuestas concretas a los llamados que reciben las líneas de denuncia. No se observan programas que garanticen efectivamente el cumplimiento de la ordenanza”, señaló Leonardi.

El compromiso social aparece como otro de los ejes centrales del reclamo. “Ponerse en el lugar del otro es fundamental. Hay personas a las que este tipo de conductas les afecta seriamente su salud y su bienestar”, sostuvo.

En ese sentido, la referente consideró que, para quienes aún no comprenden el daño que generan estas prácticas, las sanciones resultan imprescindibles. “Lo único que puede interpelarlos es el decomiso de la pirotecnia y la multa correspondiente. Lo mismo con los escapes modificados: su extracción y la sanción económica, como se hace en otros municipios. Las motos con escapes libres son una constante en cualquier punto de la ciudad y provocan crisis muy angustiantes”, afirmó.

El cierre de la ANDIS y la preocupación por las políticas de discapacidad

Carina Leonardi también se refirió al cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a las consecuencias que esta decisión del Gobierno Nacional genera en el colectivo de personas con discapacidad.

“Es como el último cachetazo. Queda claro que para este gobierno no es prioridad responder a las necesidades de los sectores más vulnerables, sino a intereses inescrupulosos ligados al poder”, manifestó.

Según explicó, la ANDIS debía garantizar una mirada integral de la discapacidad, abordando no solo aspectos médicos sino también sociales. “Se busca desplazar el modelo social para reinstalar el modelo médico hegemónico, donde la discapacidad vuelve a ser un estigma individual y se minimiza la responsabilidad del entorno y las barreras cotidianas”, advirtió.

Leonardi subrayó que la disolución del organismo implica la pérdida de autonomía y de fondos destinados a programas específicos, además de producirse en un contexto de irregularidades aún no esclarecidas. “Las personas con discapacidad no son enfermas: tienen condiciones que limitan su funcionamiento, pero eso no justifica retroceder en derechos”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que la existencia de un ente específico es una obligación asumida por el Estado argentino al adherir a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional desde 2008. “Repudiamos la disolución de la ANDIS. Lo oportuno sería aclarar las irregularidades pendientes y dar respuesta a los trámites iniciados, no borrar de un plumazo todo lo construido”, concluyó.