Por DNU, el Gobierno nacional reformó la estructura y las funciones de la SIDE

La norma centraliza la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y redefine competencias en materia de contrainteligencia, ciberinteligencia y control presupuestario.

El decreto fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y establece que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”, en razón de su sensibilidad y con el objetivo de reducir riesgos estratégicos para el Estado. Esta definición se incorpora como principio general y modifica el marco conceptual vigente hasta ahora.

Entre los cambios más relevantes, la SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con atribuciones para aprobar y supervisar los presupuestos del área —incluidos los gastos reservados— y requerir información a organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La normativa también habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes. Asimismo, se les reconoce la facultad de proteger instalaciones y operaciones propias y de repeler agresiones.

En el plano organizativo, el decreto transforma la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá a su cargo la prevención de amenazas como espionaje, sabotaje, injerencias externas y operaciones de influencia que afecten el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Las acciones de contrainteligencia deberán aplicarse en todo el sector público nacional.

En materia digital, se dispuso la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para ello, se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con funciones específicas en el ciberespacio.

Otro de los cambios es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, la inteligencia estratégica militar quedará concentrada en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar superposiciones y simplificar la estructura del sistema.

El decreto también modifica el régimen de designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE, que dejarán de depender del Poder Ejecutivo Nacional y pasarán a ser una atribución directa del secretario de Inteligencia, con excepción del Inspector General, que continuará siendo designado por el PEN por su rol de control.

Además, se crean dos ámbitos de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera; y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a áreas como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y sectores estratégicos vinculados a energía, lo nuclear y el espacio.

Desde el Gobierno señalaron que la reforma apunta a hacer más eficiente el sistema, eliminar superposiciones, adaptar la inteligencia a amenazas contemporáneas y fortalecer los mecanismos de coordinación y control.

El decreto quedó vigente con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, en un contexto de debate por el alcance de las nuevas facultades y el uso del DNU para modificar una ley considerada sensible.