Medina pidió archivar denuncias y defendió su desempeño en el STJ

La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, respondió a las denuncias formuladas en su contra y solicitó el rechazo in limine y el archivo definitivo de los pedidos de apertura de juicio político. En un extenso descargo presentado ante la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados, sostuvo que las acusaciones no contienen cargos jurídicos, sino “juicios de valor sostenidos en opiniones sin pruebas”.

Medina cuestionó con dureza las presentaciones realizadas por un docente y por la titular de una ONG, a quienes atribuyó una actuación “temeraria” y carente de rigor institucional. Afirmó que no se describen hechos concretos, no se identifican normas vulneradas ni se acredita daño alguno al servicio de justicia, por lo que consideró improcedente avanzar con un mecanismo de excepción como el juicio político.

En su escrito, la magistrada ofreció abundante prueba documental, propuso testigos y solicitó que la instancia prevista para responder preguntas de los diputados se realice de manera remota, pedido que fue aceptado por la comisión, sin descartar una eventual comparecencia presencial.

Uno de los ejes centrales de su defensa fue el régimen de licencias. Medina explicó que los vocales del STJ cuentan con un sistema diferenciado, regulado por acuerdos específicos, debido a las funciones jurisdiccionales y de gobierno que ejercen como cabeza del Poder Judicial. Señaló que todas sus licencias y ausencias fueron debidamente autorizadas y que muchas de ellas correspondieron a actividades institucionales y de capacitación.

También rechazó de plano las sospechas sobre el uso de recursos públicos. Aseguró que las actividades académicas y compromisos internacionales fueron financiados con recursos propios o de las entidades convocantes, que abona personalmente la línea telefónica asignada a su vocalía y que renunció al uso de vehículo oficial en 2022.

Medina destacó que su despacho “se encuentra al día”, con más de 5.800 autos y sentencias firmadas, y remarcó que las cuentas del Poder Judicial durante su presidencia fueron aprobadas sin observaciones por el Tribunal de Cuentas. Negó además cualquier tipo de gratificación indebida y calificó como maliciosas las insinuaciones vinculadas a auspicios de entidades privadas a asociaciones judiciales.

Finalmente, sostuvo que las denuncias intentan desnaturalizar el instituto del juicio político y convertirlo en un mecanismo de hostigamiento. “No existe daño institucional ni incumplimiento funcional alguno”, afirmó, y subrayó que la capacitación permanente de magistrados no solo es un derecho, sino un deber legal y ético.