Conaduv advierte que el nuevo esquema de peajes viola la Constitución

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) advirtió que el régimen de concesiones que impulsa el Ejecutivo nacional reproduce “un modelo fracasado de los años 90”, al establecer cobros de peaje sin caminos alternativos gratuitos, lo que consideran una violación al derecho constitucional de libre tránsito.

Según explicó el titular del organismo, Ricardo Lasca, los pliegos licitatorios solo contemplan tareas de mantenimiento de rutina sin prever obras de ampliación ni mejoras sustanciales en la red. “De Capital a Bahía Blanca habrá ocho peajes: un camión pagará 35 millones de pesos al año solo en peajes”, ejemplificó.

El esquema prevé triplicar las tarifas actuales y sumar 54 nuevas estaciones, alcanzando una frecuencia promedio de una cada 97 kilómetros. Desde Conaduv también señalaron que las concesiones a 30 años carecen de un ente regulador, pese a tratarse de un servicio público, y cuestionaron que el Gobierno recauda unos 3.000 millones de dólares anuales en concepto de Impuesto al Combustible que no se destinan a la red vial.

Entre las primeras obras adjudicadas figuran los corredores viales de las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan Entre Ríos desde el límite con Corrientes hasta el enlace con Buenos Aires, pasando por ciudades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Chajarí y Concordia. Este tramo, vital para el transporte de carga y el turismo del Mercosur, será concesionado al empresario José Cartellone, procesado en la causa Cuadernos, con financiamiento estatal a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Lasca sostuvo que “los fondos son desviados hacia otros fines presupuestarios, configurando una forma de malversación”, y adelantó que se evalúa una medida cautelar para suspender las licitaciones hasta que se cree por ley un organismo de control que incluya la participación de los usuarios.

El dirigente recordó que ya se realizaron presentaciones ante la Justicia a través de defensorías del pueblo provinciales, aunque sin éxito por falta de legitimidad federal, y denunció que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación lleva 16 años vacante.

“Se están premiando a las empresas de la patria contratista. En más de 35 años no se hizo un solo kilómetro nuevo bajo concesión”, criticó Lasca, quien pidió que Vialidad Nacional reasuma el control, mantenimiento y desarrollo de las rutas “bajo un modelo público transparente y con control ciudadano”