Los gremios AGDU y Sitradu se suman a la medida nacional que reclama la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y rechaza los recortes salariales.
Miércoles, 12 de Noviembre de 2025,
8:22
Redacción EL ARGENTINO
Las universidades nacionales inician este miércoles un paro de tres días impulsado por los gremios docentes de todo el país. La medida responde al rechazo del recorte salarial que atraviesan las casas de estudio y al reclamo por la inmediata puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras una extensa disputa política.
En Entre Ríos, adhieren la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), ambos alineados con las federaciones nacionales Conadu y Conadu Histórica. Desde los sindicatos sostienen que la aplicación efectiva de la norma es clave para detener el deterioro de las condiciones laborales y preservar el carácter público y gratuito de la educación superior.
La ley fue sancionada por el Congreso tras un intenso debate que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior ratificación legislativa, que la convirtió en ley pese a la oposición del Ejecutivo. Los gremios remarcan que, a más de un mes de esa definición, el Gobierno aún no dispuso su reglamentación ni los fondos comprometidos.
En Entre Ríos, las actividades académicas permanecerán paralizadas en las sedes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con asambleas informativas y clases públicas en distintos puntos de la provincia.
El Congreso de Conadu, del que participa AGDU, resolvió además condicionar el inicio del ciclo lectivo 2026 a la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, se avanzará con la judicialización del reclamo por la apertura de paritarias, en coordinación con el Frente Sindical Universitario.
Las organizaciones advirtieron que la protesta podría profundizarse si el Gobierno nacional no ofrece respuestas concretas. Mientras tanto, el conflicto por el financiamiento universitario se consolida como uno de los frentes más sensibles en la relación entre el Ejecutivo y el sistema público de educación superior.
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