La medida elimina una norma vigente desde 1993 que obligaba a los institutos privados a informar y justificar ante el Estado los aumentos de matrícula y cuotas.
Martes, 11 de Noviembre de 2025,
7:50
Redacción EL ARGENTINO
Según se publicó en el Boletín Oficial, la decisión busca liberar a los colegios del control estatal sobre la fijación de cuotas y matrículas, otorgándoles mayor flexibilidad para definir sus precios "en función de la realidad económica y los costos operativos".
La medida sostiene que el esquema vigente "limitaba la capacidad de adaptación de los institutos a las fluctuaciones del mercado" y terminaba perjudicando tanto a las instituciones como a las familias.
"La obligación de comunicar y obtener autorización previa para modificar las cuotas crea una situación de incertidumbre económica que lleva a las escuelas a fijar precios más altos por precaución", argumenta el texto oficial.
Fin del control estatal sobre cuotas y matrículas
Hasta ahora, los colegios privados debían informar anticipadamente al Estado los valores de matrícula y cuotas, y obtener autorización para modificarlos. Con la derogación del decreto, esa obligación desaparece, y las instituciones podrán ajustar sus aranceles sin necesidad de aprobación previa.
El Ejecutivo sostiene que el sistema anterior "constriñe el derecho de propiedad" de los establecimientos y atenta contra la libre contratación, principios que —según el decreto— deben regir las relaciones entre los institutos privados y las familias.
En ese sentido, el texto advierte que la fijación de tarifas previsibles y controladas por el Estado "puede llevar a una precarización de la calidad educativa", ya que impide a los colegios responder a aumentos de costos o salarios docentes.
Revisión del marco normativo de 1991
Además de derogar el decreto de 1993, Javier Milei instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, para revisar el Decreto 2542/91, la norma original que estableció el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada.
El objetivo, según el decreto, es "adecuar la regulación a las realidades educativas y económicas actuales" y diseñar un nuevo esquema que garantice "la sostenibilidad de los establecimientos" sin comprometer el derecho a la educación de calidad.
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