La Fiscalía defendió la ley de fumigaciones y pidió rechazar su inconstitucionalidad

El fiscal de Estado adjunto, Martín Rettore Elena, defendió este viernes la constitucionalidad de la Ley N° 11.178 de Buenas Prácticas Fitosanitarias, cuestionada por un vecino de Aldea Salto, en el departamento Diamante. La Justicia deberá resolver si declara inconstitucionales los artículos que fijan las distancias para las fumigaciones y regulan el uso de drones.

El planteo surgió a partir de una denuncia presentada por Gerardo Gareis, quien atribuyó el daño genético crónico que padece su hija a las fumigaciones con agrotóxicos realizadas cerca de su vivienda. La jueza Adriana Acevedo ya había hecho lugar a una medida cautelar que suspendió las aplicaciones aéreas mediante drones en la zona.

En la audiencia realizada en Tribunales, Rettore Elena argumentó que “la ley fue fruto de un extenso proceso de debate legislativo y técnico, y busca garantizar un equilibrio entre la protección del ambiente y la producción agropecuaria, fundamental en una provincia agrícola como Entre Ríos”.

Según explicó, la norma contempla el uso de drones, aunque aún resta su reglamentación específica. “La discusión principal está centrada en las distancias permitidas para las fumigaciones, no en la prohibición de las herramientas tecnológicas”, precisó.

El funcionario remarcó además que la inconstitucionalidad es “la sanción más grave del ordenamiento jurídico” y que en este caso no se justifica, dado que “las distancias fueron establecidas en función de estudios técnicos y científicos realizados por profesionales de distintas áreas”.

La causa continuará con una etapa de producción de pruebas, en la que se incorporarán informes de expertos en salud, biología y agronomía antes de que se dicte sentencia.

“Esta discusión ya fue saldada en el ámbito que corresponde: la Legislatura provincial”, enfatizó Rettore Elena, al insistir en que el debate sobre las fumigaciones debe resolverse en el plano político y técnico, y no en los tribunales.

La decisión final de la Justicia determinará si se mantiene vigente la ley sancionada en diciembre de 2024 o si se modifica el esquema de distancias que rige para las aplicaciones con agroquímicos en Entre Ríos.