Más de 140 empleados quedaron en la calle tras confirmarse la desaparición de la emblemática empresa láctea bonaerense, que estaba en manos de Maralac, el mismo grupo que manejó la fabricante de los postrecitos y yogures de SanCor, que también quebró la semana pasada.
Jueves, 13 de Noviembre de 2025,
8:52
Redacción EL ARGENTINO
Tras el fracaso del concurso, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes decretó la quiebra de La Suipachense, luego de más de siete décadas de trayectoria en la industria láctea y así pone punto final a una emblemática marca que nació como emprendimiento familiar y se convirtió en un símbolo local, con un procesamiento de 250 mil litros diarios de leche.
Además, la decisión deja sin empleo a los 140 trabajadores de la planta ubicada en la localidad de Suipacha, que llevaba más de tres meses sin actividad y era manejada por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández.
El fallo judicial alcanza a Lácteos Conosur SA., razón social bajo la cual operaba la empresa. Además de decretar la quiebra, el juez ordenó la inhabilitación definitiva de la compañía, la inhibición general de bienes y la clausura del establecimiento, con la incautación de documentación y el retiro de libros contables.
El conflicto se desató cuando la compañía despidió a nueve administrativos y amenazó con más cesantías, lo que derivó en protestas de trabajadores y vecinos de Suipacha y de la localidad vecina Chivilcoy.
El pedido de quiebra fue presentado el 27 de octubre por el abogado Julián Coronel, vinculado al gremio Atilra y apoderado de la empresa Watt’s, una de las principales acreedoras. En su presentación, advirtió sobre la “delicada y grave situación de los trabajadores” y la imposibilidad de que la firma pudiera retomar la producción.
Con este desenlace, el caso de La Suipachense se suma al de Arsa, la elaboradora de los yogures y postres SanCor, declarada en quiebra a comienzos de noviembre y que fabricaba las etiquetas Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.
El administrador, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, fue inhabilitado para ejercer funciones comerciales por un año y deberá pedir autorización judicial para salir del país. También fue intimado a entregar las llaves y los accesos digitales del predio a la sindicatura.
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