El Gobierno simplifica trámites para armas y crece la preocupación por el impacto en la seguridad

El Gobierno dispuso que, desde el 2 de diciembre, todos los trámites vinculados a la importación y exportación de armas, municiones, pólvora y explosivos se realicen exclusivamente de manera online mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). La medida, oficializada por la Resolución General 5789/2025, elimina gestiones presenciales y centraliza el control estatal a través de un sistema digital integrado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirmó que la digitalización permitirá agilizar las autorizaciones y fortalecer la trazabilidad de materiales considerados de alto riesgo. Hasta ahora, quienes buscaban importar o exportar estos elementos debían cumplir una serie de trámites presenciales ante distintos organismos, un esquema que generaba demoras y dificultaba el seguimiento de cada operación.

El nuevo régimen unifica procesos e incorpora validaciones automáticas en el Sistema Informático MALVINA, donde cada declaración aduanera deberá incluir el código identificador de la autorización emitida por el Registro Nacional de Armas. La normativa prevé además un manual para usuarios y facultades técnicas para dictar normas complementarias.

Sin embargo, la simplificación operativa coincide con un debate creciente en materia de seguridad. Diversas fuentes del sector remarcan que, si bien la digitalización puede mejorar el control administrativo, la flexibilización en los procedimientos de comercio exterior también incrementa la cantidad de armas y municiones en circulación. Ese escenario, advierten, conlleva riesgos concretos: una mayor disponibilidad incrementa las chances de robos, pérdidas, desvíos y ventas irregulares que terminan alimentando mercados ilegales.

En Argentina, los circuitos delictivos obtienen un porcentaje significativo de sus armas a partir de hurtos y robos a particulares, empresas de seguridad privada y coleccionistas. La ampliación del volumen de materiales controlados en manos de usuarios civiles aumenta el riesgo de que parte de ese stock termine fuera del marco legal. Organismos especializados sostienen que la trazabilidad digital es un avance, pero no reemplaza la necesidad de controles presenciales, auditorías y verificaciones sobre tenencia, almacenamiento y transporte.

La resolución se inscribe en una política más amplia de modernización administrativa impulsada por el Ejecutivo. Aun así, el debate de fondo sigue abierto: cómo evitar que una facilitación del comercio internacional de armas derive, por omisiones o fallas de supervisión, en un incremento de su presencia en ámbitos delictivos.

Para especialistas en seguridad ciudadana, la prioridad debe estar puesta en garantizar controles estrictos que no se limiten a la documentación digital y que contemplen la realidad del país, donde la proliferación de armas de fuego impacta de manera directa en los índices de violencia.