
Menstruar no es una elección y 12 millones de personas lo hacen en Argentina. Mientras las toallitas aumentan un 81%, distintos expertos coinciden en que su falta de acceso genera consecuencias a nivel económico, pero también social.

Redacción EL ARGENTINO
No se trata de una cuestión “ideológico", se trata de una cuestión de salud pública
El plan de ajuste del gobierno nacional contra las políticas sociales sigue avanzando y en los últimos días la motosierra cayó sobre 13 programas que estaban orientados a prevenir la violencia de género, acompañar a las víctimas, y reducir las desigualdades.
El primero en la lista de desmantelamientos fue MenstruAr, un programa nacido en 2022 desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, cuyo objetivo principal era garantizar el acceso a productos de gestión menstrual y condiciones sanitarias, promover la equidad, y reducir las desigualdades sociales y económicas asociadas a la menstruación. Para ello, el Estado Nacional gestionaba la distribución de diferentes productos como toallitas, tampones y copas menstruales de manera gratuita, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, entendiendo que la menstruación no debe ser un factor de exclusión, vergüenza o desventaja económica para las personas gestantes.
El argumento: programas ideológicos
El argumento esgrimido por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para justificar la eliminación fue que se trataba de programas “ideológicos” que habían sido “creados por el kirchnerismo”. Particularmente sobre MenstruAr sostuvo que el plan resultaba “insólito”, desconociendo que son casi 12 millones las personas que menstrúan en Argentina, y que, por el contrario, en el mundo cada vez más países como Escocia, Canadá, Nueva Zelanda, India, Francia, o algunas zonas de Estados Unidos, han comenzado a distribuir productos de higiene menstrual bajo una mirada de derechos humanos, salud pública e igualdad de género.
En medio de la crisis económica que transita la Argentina, las inflación sostenida, y la falta de políticas públicas, la eliminación de MenstruAr es un nuevo paso hacia la profundización de la desigualdad económica y de género, teniendo en cuenta el alto costo económico que representa la menstruación para mujeres, niñas, adolescentes, y personas menstruantes, sobre todo en sectores de menores ingresos, cuyo poder adquisitivo se ha achicado considerablemente, y que además suelen ser víctimas de mayores niveles de informalidad laboral, desempleo, y violencias.

Productor menstruales representan una tercera parte del salario mínimo
Según el informe de Ecofeminita, basado en datos recolectados mediante el #MenstruScrapper en la plataforma Precios Claros, en marzo de 2025 en Argentina los costos anuales promedio son los siguientes: Toallitas: $78.356; Tampones: $100.562. Dichas cifras muestran un aumento interanual del 81% para las toallitas y del 56% para los tampones, y representan casi una tercera parte del salario mínimo, vital y móvil que es de $308.200.
El concepto de Pobreza menstrual nace para visibilizar el gasto adicional y la falta de acceso a productos y servicios de higiene elementales como toallitas, tampones, copas, analgésicos, o ropa interior adecuada, que afecta principalmente a personas de sectores de bajos ingresos, barrios populares, zonas rurales o comunidades indígenas, quienes en muchos casos dejan de realizar actividades sociales vinculadas a la educación o el trabajo, o son forzadas a utilizar productos inadecuados, anti higiénicos, y peligrosos para para la salud.
Elegir entre comer o comprar toallitas
La sexóloga, activista y docente con perspectiva de derechos humanos, Carolina Meloni, explica que menstruar es costoso no solamente en términos económicos, sino también simbólicos, emocionales y sociales: ”Para quienes viven en contextos de vulnerabilidad —infancias, adolescencias y personas adultas— acceder a productos de gestión menstrual es muchas veces un privilegio. Y no hablamos solo de toallitas, copitas, tampones, sino de agua potable, condiciones de higiene, espacios privados, educación sexual y tiempo”.
Frente al discurso oficial que justifica los recortes por considerarlos gastos innecesarios, la sexóloga desde un posicionamiento político sostiene que en realidad lo que hacen es jerarquizar derechos y reproducir una idea falsa de escasez. “Si una persona no puede ir a la escuela porque no tiene con qué gestionar su sangrado, ve afectado su derecho a la educación; si se expone a condiciones indignas o peligrosas, está en juego su salud; y si tiene que elegir entre comer o comprar toallitas, hablamos claramente de alimentación. La justicia menstrual no compite con otros derechos. Los complementa”.
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