Retenciones: productores entrerrianos perdieron 446 millones de dólares

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos estimó que, durante la última campaña, los productores agropecuarios de la provincia resignaron ingresos por 446 millones de dólares a causa de los derechos de exportación, a pesar de la baja temporal de alícuotas dispuesta por el Gobierno Nacional. El cálculo surge del balance realizado por la entidad tras la reciente finalización de la cosecha, y proyecta además una pérdida estimada de 371 millones para la próxima campaña si se mantienen los rendimientos promedio de los últimos cinco años.

El informe, elaborado con base en la evolución de los precios y volúmenes exportados, advierte que el impacto de las retenciones se mantiene fuerte incluso en contextos de mayor productividad. En la campaña actual, la soja alcanzó niveles récord en la última década, pero los productores aún recibieron un precio sensiblemente menor al valor internacional, lo que, según la Bolsa, limita su capacidad de inversión, renovación tecnológica y desarrollo territorial.

En el caso de trigo y cebada, la prórroga de la alícuota del 9,5% hasta marzo de 2026 generó un alivio parcial. Según el cálculo de la entidad, esta decisión permitió a los productores entrerrianos retener unos 12 millones de dólares adicionales. No obstante, se trata de una cifra muy inferior al total resignado por el conjunto del agro.

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El informe también abarca un análisis histórico que abarca 15 campañas agrícolas consecutivas, en las cuales la pérdida acumulada para los productores entrerrianos por retenciones se estima en 6.994 millones de dólares. Esto representa un promedio de 466 millones por campaña. La entidad graficó que ese monto equivale a la compra de unos 3.700 tractores de media potencia, o a casi medio millón de vaquillonas con garantía de preñez, entre otros insumos clave para el desarrollo productivo.

Otro de los puntos destacados por la Bolsa de Cereales es que los derechos de exportación constituyen un ingreso no coparticipable, por lo que el dinero retenido no se redistribuye entre las provincias ni los municipios. “Esto significa que los recursos generados por el agro financian al Estado Nacional sin que haya una devolución proporcional en inversión pública o infraestructura”, sostuvo el análisis, y subrayó que esta dinámica perjudica especialmente a zonas rurales con escasa infraestructura y servicios.

La entidad explicó que incluso aquellos productos que no se exportan directamente también se ven afectados por las retenciones, ya que los precios locales se forman en función del mercado internacional, distorsionado por el tributo. “Los productores reciben precios menores sin importar el destino de su producción”, señaló.

Finalmente, la Bolsa de Cereales advirtió que esta estructura tributaria no solo limita la rentabilidad, sino que también obstaculiza el arraigo rural y la generación de empleo. “Una política que incentive el dinamismo agroindustrial permitiría fortalecer las economías del interior, incrementar los ingresos fiscales locales y mejorar la planificación pública en caminos, servicios y logística”, concluyó el informe.