Presentan amparo para frenar el uso de broza en Entre Ríos

Solicitan que se detenga hasta que se realicen estudios científicos que determinen su composición, sus efectos en la salud y su inocuidad. La acción judicial también apunta a declarar nulo el certificado de aptitud ambiental otorgado a la firma Gassmann para la explotación del material y a exigir la creación de un marco regulatorio que prohíba su utilización en zonas habitadas.

El amparo, que tramita ante el juez Gustavo Román Pimentel, vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, contempla además la realización de estudios epidemiológicos y ambientales independientes sobre los efectos de la broza en la salud pública y en los ecosistemas. Los vecinos solicitan también la implementación de un plan de remediación de las áreas ya afectadas y un programa de monitoreo sanitario para las poblaciones expuestas.

En el escrito, los vecinos destacan que la preocupación sobre la broza es “constante e incierta” entre cientos de ciudadanos que viven en contacto con este material, utilizado de manera habitual por la Provincia para mejorar calles y caminos debido a su bajo costo y fácil extracción. Señalan que la problemática afecta a varias localidades donde el material se aplica en la infraestructura vial, generando “daño ambiental colectivo” que justifica la acción judicial.

El amparo cita un informe del médico neumólogo Luis Larrateguy, quien comenzó a estudiar el tema tras recibir numerosas consultas médicas sobre la exposición al polvo. El informe hace referencia a estudios internacionales que evaluaron la inhalación de partículas similares, como las provenientes de la dolomía, y los posibles efectos respiratorios asociados, incluyendo tos crónica, sibilancias y alteraciones funcionales y radiológicas de los pulmones. La broza, compuesta en gran parte por carbonato de calcio y magnesio, comparte características con la dolomía y la piedra caliza, lo que plantea inquietudes sobre su impacto en la salud de las poblaciones expuestas.

Los vecinos, representados por la abogada Alda Sasia, argumentan que la acción judicial busca proteger el derecho a un ambiente sano y a la salud pública, así como prevenir la continuidad de prácticas que podrían generar daños irreversibles. La presentación apunta a que el Estado provincial adopte medidas inmediatas y planificadas para evaluar, regular y controlar el uso de broza en todo el territorio, estableciendo criterios de seguridad para la población y los ecosistemas.

Con la presentación en curso, la Justicia deberá definir si suspende de manera cautelar las actividades de extracción y uso del material mientras se desarrollan los estudios científicos y se revisan las autorizaciones otorgadas por la Provincia, generando un precedente relevante en materia ambiental para Entre Ríos.