Organizaciones demandan al Gobierno entrerriano por permitir la caza de aves autóctonas

Demandan al Gobierno por permitir la caza de aves autóctonas. Una acción judicial contra el Gobierno de Entre Ríos fue presentada el viernes último ante la Sala Contencioso Administrativo de Paraná. La demanda, impulsada por seis organizaciones ambientales y de protección animal, cuestiona la autorización oficial para la caza de cinco especies autóctonas, una medida que provocó un amplio rechazo tanto a nivel provincial como nacional.

La polémica decisión había sido firmada por el Ejecutivo entrerriano en mayo pasado, permitiendo la caza del Sirirí Pampa, Pato Picazo, Pato Cutirí, Pato de Collar e Inambú (perdiz). Las instituciones demandantes —CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), Conciencia Animal, Ayuda Animal, Ecoguay Gualeguay, Luz del Ibirá y Arroyo Perucho— sostienen que se trata de una resolución inconstitucional que viola principios y compromisos ambientales asumidos por la Argentina.

Según expresaron, la habilitación para matar estas aves contradice tratados internacionales suscriptos por el país, como el Acuerdo de Escazú, la Convención de Bonn, la Convención Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. En ese marco, la acción judicial busca que la Justicia declare la nulidad de la resolución por considerarla contraria a normas superiores del derecho ambiental y del derecho animal.

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La Dra. Cecilia Domínguez, abogada de CEYDAS, explicó que la provincia “había logrado avances significativos en la protección de la fauna silvestre”, pero que esta autorización representa “un retroceso que pone en riesgo no solo a las especies sino a todo un sistema normativo que venía fortaleciéndose”.

Desde el colectivo ambiental se argumenta que las especies incluidas en la lista habilitada para la caza están siendo objeto de presión por la pérdida de hábitat, el cambio climático y otras amenazas antrópicas, y que la decisión gubernamental no se basa en estudios técnicos actualizados ni cuenta con participación ciudadana previa.

Por su parte, desde el Gobierno provincial aún no hubo declaraciones oficiales tras la presentación de la demanda. No obstante, en su momento se había señalado que la caza deportiva estaba regulada dentro de un marco legal y con cupos establecidos, lo que —según las autoridades— garantizaba su sustentabilidad.

Para las organizaciones impulsoras de la acción judicial, sin embargo, eso no es suficiente. Aseguran que la medida “invisibiliza la necesidad urgente de conservar las especies silvestres, muchas de las cuales cumplen funciones clave en los ecosistemas”, y alertan que con decisiones como esta, “se debilita el compromiso ambiental de la provincia”.

Además de la acción de inconstitucionalidad, los grupos ambientalistas anticiparon que llevarán adelante acciones de visibilización y recolección de firmas para exigir que se revierta la medida. Aseguran que la defensa de las aves autóctonas “no solo es una cuestión ambiental sino también ética y cultural, porque forma parte del patrimonio natural de los entrerrianos”.

La causa quedará ahora en manos de la Justicia provincial, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la resolución en cuestión. Mientras tanto, el debate sobre el vínculo entre desarrollo, tradición y conservación vuelve a ocupar un lugar central en la agenda ambiental entrerriana.