ONG’s exigen investigación por presunta corrupción en ANDIS

Las recientes denuncias de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), difundidas a través de audios atribuibles a su director, generaron un fuerte rechazo de las organizaciones que integran el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). En un comunicado, las ONG’s pidieron que la Justicia investigue los hechos “con la celeridad que el caso requiere, sancionando a los responsables”, según expresó Sandra Salina, representante de Entre Ríos.

El comunicado también cuestiona la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad bajo el argumento de preservar el equilibrio fiscal, mientras circulaban versiones sobre posibles irregularidades en la gestión de ANDIS. Los firmantes remarcan que “la situación no ha sido debidamente comprobada ni se tiene conocimiento de que la autoridad de la agencia haya formulado las denuncias penales correspondientes”.

Ante el desplazamiento de Diego Spagnuolo al frente de ANDIS, las organizaciones solicitaron al interventor la convocatoria a una asamblea extraordinaria del COFEDIS para informar sobre la situación de la agencia y su funcionamiento. Salina, que representa a la Asociación Educativa Integral para Personas con Discapacidad de Villaguay, indicó que fue elegida hace un año y medio para representar a todas las ONG de Entre Ríos dentro del consejo.

COFEDIS, creado por la Ley Nacional 24.657 en 1996, reúne organismos gubernamentales y ONG que trabajan en discapacidad, abordando políticas públicas a través de comisiones de Educación, Deporte, Rehabilitación, Capacidad Jurídica, Trabajo e Inclusión. Entre el 12 y 13 de agosto de 2025, se realizó la 104° asamblea en San Juan, donde se emitieron recomendaciones para mejorar la gestión de ANDIS.

Entre las propuestas se incluye un aumento urgente del nomenclador para los prestadores, independiente de la Ley de Emergencia; mayor claridad e imparcialidad en los comunicados sobre la suspensión de pensiones no contributivas (PNC); articulación de auditorías con organismos gubernamentales considerando accesibilidad y comunicación anticipada; y la prohibición de suspender pensiones a personas que hayan sido citadas en otras localidades con dificultades de acceso.

El consejo también pidió garantizar el cumplimiento del cupo del 4% de empleo para personas con discapacidad en el ámbito estatal, crear incentivos para empleadores privados que contraten a personas con discapacidad y permitir la compatibilidad de la PNC con el empleo registrado para asegurar ingresos dignos sin perder la prestación.

Con estas demandas, COFEDIS y las organizaciones de la sociedad civil buscan transparencia, control y fortalecimiento del sistema de protección para personas con discapacidad, en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión y la necesidad de asegurar derechos básicos.