ONGs advierten la acefalía de Defensa del Consumidor en Entre Ríos

ONGs advierten la acefalía de Defensa del Consumidor en Entre Ríos. La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos atraviesa una situación crítica: se encuentra acéfala, sin titular designado, mientras se acumulan reclamos y se reduce drásticamente la capacidad operativa del organismo. Así lo denunciaron tres organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección de los derechos de los consumidores: la Asociación de Defensa de los Consumidores Entrerrianos (ADECEN), la Asociación de Protección del Consumidor y del Ambiente (APCA) y la Asociación Civil de Defensa Colectiva (ACDC).

Mediante un comunicado conjunto, las ONG advirtieron que “la Dirección sigue acéfala, esperando la designación de su tercer funcionario en la presente gestión y enfrenta una grave crisis que afecta directamente a los consumidores entrerrianos”. Subrayaron que la falta de conducción provocó una caída del 76% en las sanciones aplicadas: pasaron de 150 en 2023 a solo 36 en 2024.

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A esta parálisis se suma la acumulación de expedientes: actualmente hay más de 3.000 casos pendientes de resolución, de los cuales al menos un tercio se encuentra en riesgo de prescripción, lo que podría dejar sin respuesta a más de 1.000 consumidores. “Hay una evidente pérdida de capacidad operativa y de acceso a la justicia para los usuarios”, advirtieron.

Las entidades señalaron también la reducción de personal: “El organismo ya trabajaba con déficit de recursos humanos, que se agravó por la no renovación de contratos y adscripciones, con una pérdida superior al 35% del plantel”. Según las ONG, esta combinación de factores pone en riesgo la defensa de los derechos de los consumidores y genera una brecha entre las obligaciones del Estado y la realidad del servicio.

Frente a este escenario, las organizaciones presentaron al gobernador Rogelio Frigerio una propuesta para colaborar en la resolución de los problemas. La iniciativa surgió tras recibir “cientos de denuncias” por incumplimientos de cooperativas y de la empresa distribuidora de electricidad, que siguen cobrando tasas municipales prohibidas por la Resolución 267/24.

“La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tuvo que intervenir porque el organismo local está sin titular y el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) no actúa como debería. Parece más preocupado en garantizar el cobro de impuestos que en asegurar la correcta prestación del servicio eléctrico”, cuestionaron las ONG.

En su comunicado, insistieron en que la falta de una conducción efectiva agrava una situación estructural: “La verdadera defensa del consumidor en Entre Ríos sólo será posible con un organismo independiente, libre de presiones políticas, conducido por funcionarios designados mediante concursos públicos que garanticen su idoneidad y compromiso”.