El secretario de Justicia aseguró que la atención en el Registro de la Propiedad no está paralizada, aunque sí afectada por las asambleas de los trabajadores.
Lunes, 18 de Agosto de 2025,
12:00
Redacción EL ARGENTINO
El secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, se mostró confiado en alcanzar un acuerdo que ponga fin a las medidas de fuerza en el Registro de la Propiedad de la Provincia. El conflicto se originó por el recorte en el pago de horas extra, que derivó en asambleas impulsadas por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
“Estamos trabajando en alternativas junto al sindicato, sabiendo que existen restricciones presupuestarias, pero también la necesidad de dar respuestas a los trabajadores”, señaló Maneiro. Aclaró que los registros “no están cerrados” y que los trámites se reciben, aunque con demoras.
Desde el gremio, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, ratificó la continuidad de la protesta y sostuvo que los empleados “no están dispuestos a resignar derechos”. Sin embargo, destacó la voluntad de diálogo: “Lo importante es que se evaluaron propuestas. No hay una postura inflexible, estamos abiertos a la negociación si hay respuestas concretas”.
Domínguez remarcó que la situación de fondo no es nueva: “Hace 20 años que se ponen parches en el organismo. Este es el momento de buscar una solución definitiva”.
Reuniones, tensiones y desafíos estructurales
El viernes pasado hubo un contacto entre el funcionario y la dirigencia gremial, donde se garantizó el ingreso de documentación en los registros, incluso para trámites urgentes. No obstante, la sindicalista advirtió que las medidas se mantendrán hasta que el Gobierno presente una propuesta formal.
Mientras tanto, Maneiro confirmó que existen “varias alternativas en estudio” y que algunas requieren readecuaciones administrativas que exceden a su cartera. También se reunió con autoridades del Colegio de Escribanos, lo que generó malestar en el sindicato por no haber sido informado previamente.
En este clima de tensión, el desafío oficial es conciliar la necesidad de ajuste presupuestario con el sostenimiento de un servicio clave para la actividad inmobiliaria y notarial. El conflicto pone en evidencia viejos problemas de gestión en el organismo, que se repiten pese a los cambios de gobierno y que ahora buscan una salida estructural.
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