Gobierno rechaza pedido del STJ por diferencias salariales durante la emergencia

El planteo, presentado en 2023 y apoyado por asociaciones judiciales y gremiales, solicitaba que se reconocieran incrementos salariales otorgados por la Corte entrerriana en los años 2020 y 2021, los cuales superaron en más del 25% a los aumentos dispuestos por el Ejecutivo provincial bajo la Ley de Emergencia Nº 10.806. Esta ley suspendió los mecanismos automáticos de actualización salarial durante la pandemia, permitiendo sólo aumentos por decreto según la disponibilidad presupuestaria.

En respuesta, el Gobierno recordó que ya se realizó una devolución parcial del 24% a fines de 2022, de forma gradual. Además, se fundamentó en pronunciamientos judiciales previos que ratificaron la constitucionalidad de la Ley de Emergencia y sus restricciones salariales, indicando que las detracciones no fueron confiscatorias ni violaron derechos constitucionales.

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El decreto 1339 del 12 de junio pasado confirma que durante la vigencia de la Ley de Emergencia se suspendieron los mecanismos de actualización automática, y que los incrementos otorgados por el Ejecutivo mediante decretos específicos cumplieron con lo establecido en la norma.

Asimismo, el dictamen de la Fiscalía de Estado respalda la posición del Ejecutivo al señalar que no existe obligación legal de abonar diferencias entre las subas fijadas por la Corte y las establecidas por el Poder Ejecutivo durante ese período excepcional.

Con esta decisión, el Gobierno de Entre Ríos mantiene su postura frente a los reclamos salariales surgidos en el ámbito judicial y reafirma la aplicación de la Ley de Emergencia como marco regulatorio durante la crisis sanitaria y económica de la pandemia.