El pedido de remoción de autoridades del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos no se trató en la asamblea, en medio de denuncias por gastos millonarios y cuestionamientos a la transparencia.
Redacción EL ARGENTINO
El viernes 23 de agosto se realizó la asamblea del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, en un ambiente marcado por la controversia y la presencia masiva de matriculados, muchos de los cuales no pudieron ingresar por limitaciones de capacidad. La convocatoria estuvo centrada en la evaluación de la gestión del Comité Ejecutivo, presidido por Paula Armándola, quien además integra el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.
El “Grupo Gestión”, que agrupa a un sector de matriculados críticos de la conducción actual, había reunido más de 95 firmas para solicitar la revocación del mandato de las autoridades y la convocatoria a elecciones. Entre los reclamos, se señalaban gastos millonarios en la ampliación y refacción de la sede, la compra de una obra de arte, el uso de tarjetas corporativas, viáticos y contrataciones cuestionadas, así como la participación del Colegio en el programa Entre Ríos Inversiones, donde se promocionaban propiedades de Armándola. También se cuestionó la decisión unilateral de salir del COFECI (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina).
Desde el Colegio se informó que la moción de remoción no estaba incluida en el temario oficial, por lo que no fue tratada durante la asamblea. Sí se sometió a votación la decisión de abandonar el COFECI, medida que fue rechazada mayoritariamente, interpretada por el “Grupo Gestión” como un revés para la actual conducción que buscaba consolidar hechos consumados.
El sector opositor denunció falencias en la organización de la asamblea, como acreditaciones demoradas y mecanismos que contravinieron normas básicas de transparencia. También criticaron la práctica de permitir que quienes pagaban en efectivo su cuota ese mismo día pudieran votar, sin respaldo normativo.
El comunicado del “Grupo Gestión” destacó que la asamblea dejó en evidencia la necesidad de respeto, transparencia y apego a la ley dentro del Colegio, enfatizando la importancia de fortalecer la democracia interna y la legitimidad institucional.
La situación refleja tensiones profundas en el ámbito de los corredores inmobiliarios entrerrianos, donde las disputas por la conducción del Colegio se combinan con cuestionamientos a la administración de recursos y decisiones estratégicas de representación. Las denuncias y la falta de tratamiento del pedido de remoción anticipan un escenario de mayor conflictividad de cara a futuros comicios internos.