Entre Ríos perdería $53.000 millones por cambios en Ganancias

La relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores volverá a tensionarse si prospera la reforma laboral enviada al Senado, que incorpora una rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades. El cambio tendría un impacto directo sobre los fondos coparticipables y, en el caso de Entre Ríos, implicaría una pérdida estimada de $53.042 millones anuales.

La iniciativa oficial propone reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias de sociedades en los tramos más altos: del 30% al 27% para el Tramo 2 y del 35% al 31,5% para el Tramo 3. Según estimaciones técnicas, cerca del 60% del costo fiscal de esa medida será absorbido por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de menores transferencias automáticas.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señala que el costo fiscal directo inicial ronda el 0,22% del Producto Bruto Interno, equivalente a unos $1,9 billones a valores actuales. De ese total, $790.000 millones impactarán sobre el Estado nacional y alrededor de $1,12 billones recaerán sobre las jurisdicciones subnacionales.

El efecto se sentirá a partir de 2027, cuando las empresas presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026 y comiencen a pagar los saldos y anticipos con las nuevas alícuotas. Hasta entonces, el impacto no se reflejará en la recaudación efectiva.

La distribución de la pérdida no será uniforme. La provincia de Buenos Aires concentraría el mayor impacto, con más de $238.000 millones, seguida por Santa Fe y Córdoba. Entre Ríos aparece entre las más afectadas, con una merma superior a los $53.000 millones, en un contexto de caída de la actividad económica y menores ingresos reales.

El diputado nacional Guillermo Michel advirtió que la medida reducirá la recaudación coparticipable y que el beneficio fiscal se concentrará en un grupo reducido de grandes empresas. De acuerdo con los datos disponibles, solo el 1,1% de las sociedades —aquellas con ganancias superiores a los $1.000 millones— aportan más del 76% del impuesto, y un subconjunto aún más reducido concentra más de la mitad de la recaudación total.

Actualmente, casi el 90% de las empresas tributa en el tramo más bajo del impuesto y aporta menos del 8% del total recaudado. En ese marco, los cambios propuestos beneficiarían principalmente a las firmas de mayor facturación, mientras que el costo fiscal se distribuiría entre los 24 distritos del país.

La discusión se da en paralelo al debate del Presupuesto 2026, que ya obtuvo media sanción en Diputados y deberá tratarse en el Senado, donde los gobernadores tienen mayor capacidad de incidencia. Allí, el impacto sobre la coparticipación promete convertirse en uno de los ejes centrales de la negociación política.