Entre Ríos destruyó 4.370 celulares secuestrados en cárceles

Con una puesta en escena inusual, el Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles la destrucción de más de 4.370 celulares incautados en operativos realizados dentro de unidades penitenciarias de la provincia. El procedimiento tuvo lugar en el predio de Vías Navegables, en la zona portuaria de Paraná, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y funcionarios del área de seguridad y justicia.

La eliminación masiva de teléfonos móviles responde a una política de “cárceles sin celulares” que, según Frigerio, apunta a cortar una vía frecuente para el delito. “En lo que va de la gestión, se secuestraron unos 100 celulares por mes”, señaló el mandatario. La mayoría de los dispositivos destruidos estaban rotos o en desuso, aunque también se acumulan unos 3.000 aparatos que podrían ser reutilizados como botones de pánico en casos de violencia de género, si superan los controles técnicos.

La jueza de Ejecución de Penas, Cecilia Bértora, subrayó que la tenencia de celulares dentro de las cárceles está prohibida por ley, salvo para casos excepcionales autorizados por el Servicio Penitenciario. “El uso debe estar debidamente registrado”, indicó.

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El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, advirtió que muchos de estos dispositivos se usaban para actividades criminales, como extorsiones o manejo de redes de narcotráfico. También reveló que no solo familiares introducen teléfonos en las unidades carcelarias: “Algunos abogados se los entregan a sus defendidos”, denunció. En ese marco, adelantó que el año próximo se incorporarán escáneres para reforzar los controles de ingreso.

La destrucción de los celulares se hizo en tres etapas, detalló el director del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti: primero se retiraron las baterías, que fueron enviadas a un centro de tratamiento ambiental en Gualeguaychú; luego, los teléfonos fueron compactados y los residuos electrónicos clasificados y trasladados al centro RAES de Paraná.

El proceso incluyó una revisión previa de cada dispositivo para determinar si contenía información relevante para alguna causa judicial. En caso afirmativo, fueron remitidos a la fiscalía correspondiente.

Miotti explicó que se realizan requisas diarias en todas las unidades penitenciarias, tanto masculinas como femeninas, en horarios aleatorios, siguiendo protocolos específicos de seguridad. Esta rutina permitió mantener un flujo constante de incautaciones, que ahora encuentran un destino final controlado.

Más allá de lo simbólico, la destrucción de celulares marca una señal del Ejecutivo entrerriano sobre el control de las comunicaciones en contextos de encierro. “Es una política que conjuga seguridad, gestión penitenciaria y cuidado ambiental”, concluyó Frigerio.