Debate abierto sobre la reforma al juicio por jurados en Entre Ríos

El Senado entrerriano dio un nuevo paso en el debate sobre la reforma del juicio por jurados. Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos escucharon este miércoles en Casa de Gobierno a representantes de asociaciones civiles, instituciones jurídicas y a la Secretaría de Justicia, que expusieron posturas encontradas frente al proyecto impulsado por el Ejecutivo.

La iniciativa modifica los artículos 2°, 46 y 96 de la Ley Nº 10.746. Establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados los delitos con penas máximas mayores a 20 años de prisión y sus delitos conexos. La participación de los jurados será irrenunciable y remunerada bajo el sistema de JUS, con cobertura de viáticos y gastos por parte del Poder Judicial.

El procurador Jorge García ya había defendido el texto, advirtiendo que existen 190 causas pendientes que podrían tardar hasta nueve años en resolverse con el régimen vigente. A su vez, el coordinador general de la Secretaría de Justicia, Alejandro Weber, argumentó que la reforma busca “adecuar la normativa provincial a los estándares constitucionales y convencionales”, al tiempo que reducir las demoras que afectan el acceso a la justicia y el plazo razonable.

Desde el ámbito civil y académico, las opiniones fueron diversas. Carla Cusimano, de VIDAER, defendió la imparcialidad del sistema. El juez Elvio Garzón y el Instituto INECIP advirtieron sobre aspectos de inconstitucionalidad de la reforma y cuestionaron que se limite la aplicación de juicios por jurados. Los abogados Miguel Ángel Cullen y José Ostolaza destacaron la importancia de “ser juzgados por nuestros pares”, mientras que María de los Ángeles Lencina, madre de una víctima, consideró al sistema “una esperanza” para las familias.

Tras las exposiciones, los senadores de los distintos bloques acordaron continuar con el análisis en comisiones, sin anticipar definiciones inmediatas. La reforma se inscribe en un debate más amplio que atraviesa al sistema judicial entrerriano: entre la necesidad de agilizar procesos y la defensa del modelo de participación ciudadana en la justicia penal.