Confirman la cesantía de exdirectora del Copnaf por encubrir maltratos

El Gobierno de Entre Ríos confirmó la cesantía de Gisela Mariela Zuqui, quien se desempeñó como directora de la residencia socioeducativa Mujercitas, dependiente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). La decisión se formalizó mediante el decreto N° 1.522, con fecha del 7 de julio, tras desestimar el recurso de apelación jerárquica presentado por la exfuncionaria.

Según el sumario administrativo, la Comisión Asesora de Disciplina tuvo por acreditado que Zuqui presionó a personal suplente para evitar la difusión de contagios de Covid-19 en la institución. A través de amenazas de no renovación de contratos, intentó acallar situaciones que representaban un riesgo sanitario tanto para el personal como para las menores internadas.

No obstante, el punto más grave señalado en el decreto refiere a que existieron maltratos hacia niñas alojadas en la residencia Mujercitas, de los cuales Zuqui estaba al tanto y no actuó en consecuencia. El texto sostiene que la exdirectora “omitió realizar actos para corregir dichas conductas o dar aviso a las autoridades competentes”, lo que implicó una vulneración directa de los derechos de las adolescentes bajo su cuidado.

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El Ejecutivo respaldó su resolución con declaraciones de trabajadores del establecimiento, quienes señalaron que, si bien inicialmente la conducta de Zuqui fue positiva, luego se tornó en un ejercicio del poder coercitivo. Según los testimonios, la exdirectora dejó de asistir regularmente a la residencia y se limitaba a recibir reportes telefónicos. También se indicó que ponían en conocimiento de los episodios a su pareja, también empleado del Copnaf.

Tanto el área jurídica del organismo como la Fiscalía de Estado coincidieron en que la responsabilidad de Zuqui era indelegable. “El cargo de directora implica presencia, compromiso y acciones concretas”, afirma el decreto, y remarca que la función no puede limitarse a recibir llamados o esperar informes. En ese marco, el documento enumera deberes como mantener reuniones periódicas con el personal, supervisar el cumplimiento de la normativa institucional y garantizar la atención integral de niños, niñas y adolescentes.

Para la Fiscalía de Estado, la omisión de estos deberes representa una “falta grave”, dado que la función que desempeñaba Zuqui era clave para el goce pleno de derechos por parte de las menores alojadas. La gravedad de los hechos, sumada a la falta de respuesta institucional por parte de la funcionaria, dejó sin sustento legal su apelación.

El sumario concluye que existe plena prueba de los hechos que se le imputan a Zuqui, por lo que el Poder Ejecutivo resolvió confirmar la cesantía y rechazar su recurso jerárquico.

La residencia Mujercitas, ubicada en Paraná, continúa bajo la órbita del Copnaf, un organismo que en los últimos años ha sido objeto de diversas controversias y reclamos sindicales, institucionales y judiciales por la atención de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.