Comenzó el juicio por trata laboral en un campo de Concordia

Ante el Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó el juicio contra Yamil Ale Abdala y Sandro de la Cruz Vázquez, acusados de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de Misiones. Los hechos ocurrieron en un campo ubicado en Puerto Yeruá, en cercanías de Calabacillas, departamento Concordia, y fueron detectados tras una inspección estatal que puso fin a la situación de explotación.

El debate es presidido por la jueza Noemí Berros. Según la acusación del fiscal general José Ignacio Candioti, Abdala, propietario del establecimiento rural, y De la Cruz Vázquez, quien se desempeñaba como capataz, captaron, trasladaron y acogieron a cinco personas adultas con el objetivo de obtener un beneficio económico a partir de su trabajo.

Las víctimas, identificadas como O.A.M., D.A.M., P.R.M., F.O.M. y D.S.M.D.B., provenían de las localidades misioneras de Irigoyen y Eldorado. De acuerdo con la investigación, los hechos se desarrollaron entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022 y cesaron tras una inspección de la entonces AFIP Paraná, hoy ARCA.

La Fiscalía sostuvo que la captación se realizó mediante propuestas laborales engañosas y abuso de confianza, aprovechando la extrema vulnerabilidad social y económica de los trabajadores. Se les prometieron salarios, alimentos, herramientas y una vivienda digna. En uno de los casos, incluso, existía un vínculo familiar con uno de los imputados, utilizado para generar confianza.

Como parte del engaño, De la Cruz Vázquez habría enviado imágenes de un campo en buenas condiciones que no coincidía con el lugar real de trabajo. Una vez en el predio, los trabajadores fueron sometidos a tareas forestales y de desmonte en condiciones de aislamiento y precarización extrema, con jornadas extensas, de lunes a lunes, y bajo un control permanente.

Las condiciones de vida fueron calificadas como indignas. Las víctimas debieron construir chozas con materiales precarios, sin camas adecuadas, baños, energía eléctrica, gas ni agua potable. Para higienizarse utilizaban una laguna cercana y el agua para consumo era provista por un vecino. La Secretaría de Trabajo provincial constató la falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad.

En materia salarial, los pagos fueron parciales, irregulares y muy inferiores a los montos legales, incluso por debajo del salario mínimo. Además, se exigía una permanencia mínima para cobrar, se realizaban descuentos arbitrarios y se obligaba a seguir trabajando aun con herramientas en mal estado.

El expediente también incorpora testimonios sobre malos tratos, amenazas y episodios de violencia. Para el Ministerio Público, el conjunto de engaños, el aislamiento, las restricciones a la movilidad y las condiciones laborales configuran claramente el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Este martes declararán las víctimas y el miércoles lo harán testigos ofrecidos por la Fiscalía, entre ellos funcionarios estatales y profesionales que intervinieron en la asistencia a los trabajadores.