Urribarri irá a juicio por coimas vinculadas a licitación de software

El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este jueves elevar a juicio oral y público la causa por el presunto pago de coimas en beneficio de la empresa Relevamientos Catastrales S.A., cuyo titular es el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. En el expediente están imputados el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y varios exfuncionarios de su gestión, quienes serán juzgados por delitos relacionados con negociaciones incompatibles con la función pública.

Tras más de cinco horas de lectura, el magistrado rechazó todos los planteos de las defensas y dio por válida la totalidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal. Entre otras decisiones, desestimó objeciones sobre la legalidad de las pericias digitales y la validez de listas de llamadas telefónicas, y también rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimiento presentados por los abogados defensores.

La causa, que se originó a partir de evidencia obtenida en una investigación por enriquecimiento ilícito contra Urribarri y Cardona Herreros, se ramificó hacia una nueva línea que involucra presuntas maniobras para direccionar contrataciones en favor de la empresa Relevamientos Catastrales. Según la acusación, Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador, habría operado para asegurar la adjudicación de contratos de software para la administración pública entrerriana.

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De acuerdo con la Fiscalía, la maniobra habría contado con la participación de varios funcionarios de alto rango: Carlos Haidar (exdirector de Informática), Miguel Ángel Ulrich (director General de Ajustes y Liquidaciones), Humberto Flores (exsecretario de Hacienda), Luis Alfonso Erbes (exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas), Sergio Smaldone (exministro de Trabajo) y José Gervasio Laporte (exsecretario Legal y Técnico, ya fallecido).

Uno de los hechos centrales que se ventilarán en el juicio es la suscripción de una “adenda” que habría sido falsificada en sus fechas para beneficiar a la empresa, permitiéndole percibir ingresos por meses en los que no prestó servicios. Esto se habría concretado mediante la manipulación de actos administrativos para anticipar una prórroga que en realidad comenzó a gestionarse meses después.

El juez Vergara avaló también el uso de pruebas digitales extraídas de dispositivos electrónicos secuestrados en 2018 durante allanamientos a propiedades de Cardona Herreros. Consideró que la incorporación de esa información cumplió con los protocolos legales y fue debidamente notificada a las defensas.

Con esta decisión, la Oficina de Gestión de Audiencias deberá fijar la fecha del juicio, que se prevé extenso y complejo, dada la cantidad de imputados y la densidad de la prueba documental y digital. El proceso pondrá nuevamente en el centro del debate público a Urribarri, quien ya enfrenta otras causas judiciales por hechos de corrupción durante sus mandatos.

El avance hacia el juicio oral representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre presunta corrupción estructural durante las gestiones justicialistas en Entre Ríos y se da en un contexto de creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos.