Impulsan uso de QR en góndolas para denuncias de consumidores

La Cámara de Diputados de Entre Ríos tratará un proyecto de ley que busca modernizar los canales de reclamos para usuarios y consumidores. La iniciativa, presentada por la legisladora de La Libertad Avanza, Débora Todoni, propone la instalación obligatoria de códigos QR al principio y al final de cada góndola en supermercados e hipermercados. Al escanearlos, los consumidores accederán directamente a plataformas oficiales del Gobierno provincial para realizar denuncias por presuntas irregularidades.

Según explicó la diputada, esta medida “facilitará un acceso ágil y efectivo a los canales de denuncia en tiempo real, sin intermediarios ni obstáculos burocráticos”, con el objetivo de promover una respuesta más eficiente del Estado frente a la vulneración de derechos.

El sistema direccionará al sitio de autogestión del Gobierno provincial, donde los usuarios podrán iniciar trámites o elevar reclamos en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. La propuesta está fundamentada en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley 24.240, que garantizan el acceso a información clara, gratuita y detallada sobre bienes y servicios.

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Todoni cuestionó el funcionamiento actual de los mecanismos tradicionales de atención al consumidor, al considerar que “han demostrado ser insuficientes para garantizar una respuesta eficaz, ágil y oportuna”. En ese sentido, remarcó que la digitalización mediante QR “representa una herramienta concreta para modernizar la gestión pública y avanzar hacia una Entre Ríos más segura y cercana al ciudadano”.

El texto del proyecto también contempla que la implementación sea acompañada de controles por parte del Estado para verificar su cumplimiento. “Es indispensable un rol activo del Gobierno provincial para asegurar que las disposiciones sean respetadas y que los consumidores puedan acceder a los bienes que necesitan sin ser vulnerados en sus derechos”, planteó la legisladora.

Además, se convoca a los municipios a adherir a la norma una vez aprobada, adoptando las medidas necesarias para garantizar su plena implementación. “La articulación entre provincia y municipios es indispensable para que la protección al consumidor llegue efectivamente a la ciudadanía”, destacó Todoni.

Entre los fundamentos jurídicos del proyecto se menciona también la Constitución de Entre Ríos, cuyo artículo 30 establece la obligación estatal de garantizar derechos de consumidores y usuarios, promover la educación para el consumo responsable y controlar la calidad y continuidad de los servicios.

La propuesta, que será debatida próximamente en comisión, fue presentada como una herramienta que favorece la transparencia comercial, previene abusos y facilita el ejercicio de derechos básicos de los consumidores en su experiencia cotidiana de compra. La expectativa de la autora es que obtenga amplio respaldo legislativo.