El Ejecutivo intimará a empresas y sindicatos para actualizar 150 convenios colectivos

El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes uno de los puntos más sensibles de la Ley 27.802 de Modernización Laboral: la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo vencidos. La medida será comunicada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien intimará a empresarios y dirigentes sindicales a actualizar las cláusulas vinculadas con condiciones laborales y aportes solidarios.

El decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, reglamentó la ley y estableció que los convenios cuyo plazo haya expirado serán considerados vencidos. A partir de ahora, deberán adaptarse a los nuevos lineamientos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, que busca —según su visión— “modernizar el empleo”, aunque la CGT advierte que implicará “precarización y pérdida de derechos”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que existen convenios “negociados hace más de 50 años, firmados por partes que ya no existen”. Sin embargo, desde la central obrera, el abogado Gustavo Ciampa sostuvo que “desde 2003 hay negociación colectiva permanente en casi todas las actividades”.

La reforma elimina la llamada ultraactividad, principio que mantenía vigentes los convenios vencidos hasta su reemplazo, garantizando derechos adquiridos. Ahora, solo se preservan las cláusulas normativas —las que definen condiciones de trabajo— mientras que las cláusulas obligacionales, como aportes y cuotas sindicales, caducan al vencimiento.

Entre las novedades figura el “salario dinámico”, que permite componentes retributivos variables según el mérito personal o la situación de cada empresa. El Gobierno lo considera una herramienta para vincular los aumentos a la productividad y no a la inflación, mientras la CGT alerta que habilita negociaciones “a la baja”.

Otro cambio clave es la supremacía de los convenios por empresa o región sobre los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. Este punto descentraliza la negociación y debilita el poder de los sindicatos con personería nacional, al tiempo que facilita la creación de sindicatos de empresa: el umbral de afiliación requerido baja del 20% al 5%.

La reglamentación también prevé la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnizaciones. Para la CGT, esta medida “quita recursos destinados a jubilaciones y pensiones para subsidiar despidos sin causa”.

Además, la ley habilita el reintegro del gasto en transporte para los trabajadores y la posibilidad de descontar cuotas de préstamos bancarios directamente del salario, con el objetivo de reducir costos laborales y ofrecer créditos con tasas más bajas.

Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar la reglamentación del capítulo sobre trabajadores de plataformas digitales, a la espera del debate en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra.

Con estas medidas, la administración libertaria busca consolidar su reforma laboral y avanzar hacia un nuevo esquema de relaciones entre empresas y sindicatos, en medio de fuertes tensiones con el movimiento obrero.

Fuente: Infobae