Diputada de LLA fue condenada a desalojar una casa y pagar por los alquileres adeudados

Se trata de una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa la conducta de quienes ocupan cargos públicos, y que en esta oportunidad dejó al descubierto una situación que dista mucho del discurso de austeridad y ejemplaridad que suele exigirse desde la política.

La sentencia es clara: la diputada provincial oriunda de Concordia tiene un plazo de 10 días para abandonar la vivienda ubicada en calle Laprida 1747, inmueble que habría ocupado sin cumplir con sus obligaciones contractuales, y abonar más de 35 meses de alquileres impagos.

En diciembre del año pasado ya se había informado sobre el embargo al sueldo legislativo de Salinas, medida judicial que se le impuso en su carácter de diputada. Salinas, además, es presidenta del Partido Conservador, sello que fue utilizado por Javier Milei en Entre Ríos para competir en las elecciones presidenciales de 2023.

Un año después de aquel embargo, llegó el fallo definitivo. En su primer dictamen, el juez resolvió: “Condenar a Gladys Liliana Salinas a desalojar el inmueble sito en calle Laprida 1747 de esta ciudad, la que se hace extensiva a cualquier otro ocupante, restituyéndolo a Francisco Ramón Iriarte”.

El segundo punto del fallo agrava aún más la situación: “Condenar a Gladys Liliana Salinas, Sebastián Aníbal Iglesias y Elbio Aníbal Rodríguez a pagar al actor Francisco Ramón Iriarte, en forma solidaria y en el término de diez días, la suma de $2.182.500, en concepto de alquileres adeudados”.

Los garantes iniciaron acciones legales

Iglesias y Rodríguez, cabe aclarar, son los garantes que respaldaron a la diputada al momento de alquilar el inmueble. Por la morosidad de la legisladora, serán ellos quienes deban responder en primera instancia ante el propietario, quedando luego habilitados a reclamar judicialmente a Salinas lo que eventualmente deban pagar.

Según pudo confirmar el sitio “Análisis Litoral”, los garantes ya iniciaron acciones legales para resguardarse económicamente y han expresado su solidaridad con el propietario, manifestando sentirse, junto a él, perjudicados por el accionar de quien ostenta una banca en la Legislatura provincial.