Refuerzan los controles fluviales en el río Uruguay ante el ingreso ilegal de embarcaciones

Durante un reciente operativo nocturno realizado en la confluencia del río Uruguay y el arroyo Santos Grande, personal de la fuerza interceptó una embarcación tripulada por pescadores domiciliados en la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, que se encontraba realizando actividades de pesca sin autorización, fuera del horario permitido y sin cumplir con la normativa vigente.

La inspección permitió constatar la utilización de redes de pesca de grandes dimensiones, la captura masiva de ejemplares de la especie sábalo y múltiples irregularidades vinculadas a la habilitación de la embarcación, la ausencia de despacho de entrada y salida y la falta de certificaciones obligatorias de seguridad. Asimismo, se verificó el empleo de un motor de alta potencia, un factor que agrava el impacto ambiental y los riesgos para terceros que desarrollan actividades lícitas en la zona.

Como resultado del procedimiento, se dispuso la incautación preventiva de la embarcación y el decomiso de las artes de pesca, además de la desnaturalización de una importante cantidad de pescado, con intervención de las autoridades provinciales de fiscalización de recursos naturales. El aforo total de los elementos secuestrados superó los 100 millones de pesos, reflejando la magnitud del perjuicio potencial ocasionado al ecosistema fluvial y a la actividad pesquera regulada.

Desde ámbitos vinculados al control fluvial se destacó que este tipo de operativos busca desalentar el accionar de grupos que se trasladan desde otras provincias para explotar de manera irregular los recursos del río Uruguay, generando un impacto directo sobre los pescadores artesanales que cumplen con las normativas vigentes y dependen de esta actividad para su subsistencia.

La Prefectura Naval Argentina ratificó que continuará reforzando los patrullajes nocturnos y los controles en zonas sensibles del corredor fluvial de Villa Paranacito, como parte de una estrategia sostenida orientada a prevenir la depredación, garantizar la seguridad de la navegación y asegurar el cumplimiento de la ley en defensa de los recursos naturales y las economías regionales.